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C.P.C., ¿MIENTE O DICE LA VERDAD? (I)
Lucía Lapiedra y Pipi Estrada sus últimas "víctimas"

Conchita Pérez Casorrán, polígrafo de Telecinco, consiguió los títulos que le “acreditan” para ejercer la profesión de manera irregular

Enero 20, 2013

Las Asociaciones que expiden los diplomas no permiten el ingreso de personas con “delitos menores” o “crímenes de baja moral”

Conchita Pérez fue detenida en 2006 por “simulación de delito” y por amenazas e injurias en reiteradas ocasiones

José Antonio Fernández de Landa, polígrafo pionero en España, impartió a la mujer un curso en 2007 por el que fue condenada por impago     

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Cualquier famoso del corazón que se precie -es un decir-, se ha tenido que someter al discutido –desde dentro y desde fueras-, polígrafo de Conchita Pérez, bien sea en Sálvame, bien en Sálvame de Luxe. Dicen que es una de las “niñas bonitas” de Jorge Javier Vázquez, presentador de ambos programas en Telecinco. Sus últimas víctimas, Lucía Lapiedra y Pipi Estrada con desigual suerte. Pero la polémica siempre ha acompañado los veredictos de C.P.C. siempre respondiendo, con ayuda de un pinganillo conectado con la dirección, a la pregunta de “¿Miente o dice la verdad?”. Pues eso, ¿se sometería Conchita Pérez a las preguntas de un polígrafo sobre su pasado?

María Concepción Pérez Casorrán es más conocida en el gremio televisivo como “La Churrera”. El alias, dicen algunos, “le viene como anillo al dedo” por la más que cuestionable credibilidad de sus estudios. Sin embargo, el mote tiene su origen en el paso de la zaragozana por un programa televisivo en el cual el concursante confundió su profesión con el honrado oficio de la artesana churrería. La veracidad e imparcialidad de sus análisis se encuentran ahora en el alambre. Antecedentes penales, simulación de delitos, empresas inexistentes, fraudes y querellas, una formación imposible de acreditar, manías persecutorias e incluso líos de faldas comparecen como los ingredientes de un explosivo cóctel televisivo donde la carnaza y los delirios de grandeza se sirven a partes iguales.

El currículum vitae de Conchita Pérez no refleja –en su actualización de 2007-, ninguna actividad, formación o experiencia relacionada con el Ministerio del Interior, con la Policía, o con la criminología. Ni tan siquiera con la poligrafía, profesión por la que en 2010 comienza una relación laboral con “La Fábrica de la Tele”, productora de Telecinco. No obstante, en él podemos encontrar infinidad de puntos asociados con compañías petrolíferas. Esta oleosa concomitancia deviene de la herencia que Conchita recibió de su padre, el cual regentaba una gasolinera a las afueras de Zaragoza. A la muerte del hombre, su hija cofunda Petrored Gestión S.A., empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento de tanques de combustible.

¿Dónde radica su interés por la poligrafía?

Debido a un fiasco judicial por el que es detenida por simulación de delito para inculpar a su expareja sentimental -en febrero de 2007-, Pérez Casorrán solicita a José Antonio Fernández de Landa -polígrafo reconocido y avalado por varios certificados internacionales, incursor del sistema en España, y primero en participar en programas televisivos-, someterse al test para que la máquina pueda probar unos hechos que la mujer denunciaba. Tras éste negarse en rotundo a realizar susodicho examen, la fascinación por el mundo de la poligrafía comienza a despertar en C.P.C., hasta tal punto que realiza el curso “Psicofisiología Forense 2007 Polígrafo” bajo la tutoría de Polyscan IPS. El curso, impartido por José Antonio, le sirve a Conchita para crear su propia web -poligrafiaprofesional.com-, desde la cual, en palabras del maestro, “esta mujer exhibía mi título y se ofrecía como poligrafista sin haber hecho las prácticas necesarias”.

El 16 de febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid dictó condena a María Concepción Pérez Casorrán a abonar a la sociedad Polyscan IPS la cantidad de 11.600 euros más intereses en concepto de “un curso de poligrafía impartido por la demandante en septiembre de 2007 en Torrelodones al que asistió la demandada, a cuya finalización recibió un diploma de Polyscan que doña María Concepción publicó en la página de internet”. En la actualidad, la multa asciende hasta los 20.000 euros por la suma de intereses y costas de los procesos judiciales. Una sanción que debe ser cumplida mediante embargos debido a los contumaces intentos de Conchita para salir airosa del pago. Este litigio enredó a ambos individuos en una lucha encarnizada de denuncias por acoso. En síntesis, las autoridades acabaron absolviendo a José Antonio y procesando a Conchita por denuncia falsa, por un lado, y amenazas e injurias, por otro.


El falso truco de Conchita

Cualquier usuario que acceda a la página web de Conchita Pérez Casorrán podrá comprobar cómo ésta embellece su caché aseverando que “su formación y trayectoria profesional están avaladas por las titulaciones internacionales que la acreditan y por la cantidad de casos resueltos”. Sin embargo, estos estudios bajo los que se ampara la experiencia de Conchita para el ejercicio de la poligrafía, presentan una autenticidad más que objetable.

En su perfil profesional, Conchita se describe como “Poligrafista y Psicofisiologista Forense”. Según los documentos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la mujer infringe muchos de los requisitos necesarios para optar a tales distinciones. En el epígrafe dedicado a su historial se apunta que Conchita “ha recibido entrenamiento personal de Thomas M Kelly, Director de la Marston Polygraph Academy”, escuela americana reconocida por la APA (American Polygraph Association), principal Asociación del sector-. Thomas M. Kelly -denunciado por varios de sus alumnos por fraude-, redactó en marzo de 2011 una carta abierta en la que el ex funcionario de la DEA americana protege y defiende a Conchita Pérez como una profesional “perfectamente capacitada para hacer cualquier tipo de prueba con el polígrafo”. El motivo de tal reacción se debe a que su Escuela se vio salpicada por la onda expansiva que la intrahistoria de Conchita Pérez estaba generando en España. José Antonio Fernández de Landa sostiene que el propio Kelly reconoció que “el curso no fue pagado, sino que se trató de un regalo a cambio de visitar Madrid”.

La academia Marston Polygraph exige que para ser alumno de la misma se deben cumplir unos requisitos mínimos, estando los cursos reservados a: funcionarios de orden público en activo, funcionarios jubilados con honor, personas con títulos universitarios en los campos relacionados o miembros del ejército retirados, suboficiales u oficiales. Además, la Academia de California establece en su formulario de admisión dos condiciones excluyentes. Según una de ellas, “una condena por delito menor con detención sería una barrera de ingreso”. Como figura líneas arriba en los antecedentes penales de Conchita encontramos, entre otros, que fue detenida el 16 de noviembre de 2006 “por su participación en un presunto delito de simulación de delito”. 

Más madera
 

Marston Polygraph presume –de modo ambiguo-, de ser una academia avalada por la APA. Debido a esta causalidad, los estatutos de la Escuela deben concordar o al menos respetar los de la prestigiosa asociación americana. Tanto el Código Ético de la Asociación como su Manual de Prácticas exponen que los “miembros de la Asociación serán expulsados si son condenados por la justicia (…) por cualquier delito mayor o crimen de baja moral. Una expulsión de este tipo será automática”. Pérez Casorrán fue condenada por amenazas e injurias en reiteradas ocasiones. El 17 de julio de 2009, el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid la condena como autora de una falta contra Fernández de Landa por el envío de dos correos dirigidos al entorno personal y laboral de éste y en cuyo contenido se podían leer faltas como “mentiroso patológico” o “persona non grata”. A 3 de diciembre del mismo año, el Juzgado de Paz de Galapagar la condena de nuevo. En el auto se registraron mensajes -a raíz del conflicto por el curso de Polyscan-, con contenido difamatorio del tipo de “eres peor que una serpiente, rastrero, envenenado. Das asco y repugnancia, entre otros calificativos despectivos.

Esta controvertida certificación con el cuño de la APA es utilizada por Conchita Pérez como salvoconducto para entrar en la Asociación Nacional de Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses (ANCREF) e inflar así su currículum vitae. Según los estatutos de la organización, “haber sido procesado en dos o más ocasiones por las mismas causas, aún sin haber recibido sentencia condenatoria” es una causa grave de expulsión. Según fuentes cercanas a ANCREF, su presidente Toni Sánchez Navarro “otorga a sus miembros una placa muy similar a la de la policía española donde puede leerse Ministerio del Interior que algunos de sus miembros utilizan para hacerse pasar por miembros de la policía científica”. María Concepción Pérez Casorrán no solo ha entrado a formar parte de ANCREF de modo irregular, sino que se vanagloria de tener un título de policía científica como ha llegado a declarar en televisión. 

Jesús Prieto