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La oposición hizo entrega a FIFA y UEFA de una denuncia de la situación que vive la Federación Española de Fútbol

Con el Código Disciplinario de la FIFA en la mano, Villar no puede ser presidente de la RFEF

Febrero 17, 2008

Angel María Villar, presidente desde 1988 de la Federación Española de Fútbol (RFEF), no puede desempeñar dicha presidencia al estar afectado por el Artículo 75 apartado b) del Código Disciplinario de la FIFA. Sin embargo, ni las autoridades deportivas españolas ni la propia FIFA han intervenido al respecto.

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Artículo 75 del Código Disciplinario de la FIFA, reglamento por el que sanciona todo acto tipificado por los reglamentos internacionales del fútbol, dice lo siguiente:
Las asociaciones tienen las siguientes obligaciones:
a) Verificar y comprobar la edad de los jugadores, cuando se trate de competiciones con límite de edad, a través de los documentos de identidad que éstos presenten;
b) Garantizar que no formen parte de la dirección del club o la asociación personas sujetas a procedimientos penales por faltas contrarias a la dignidad propia de tal actividad (especialmente dopaje, cohecho, falsificación de títulos, etc.) o que hayan sido condenadas penalmente por hechos de tal naturaleza dentro de los cinco años precedentes
”.
¿Hace falta recordarles los procedimientos que tanto el presidente Angel María Villar como el vicepresidente Juan Padrón tienen abiertos derivados de sus cargos en la Federación Española de Fútbol? ¿A quién corresponde informar a la FIFA de tales hechos?
Es curioso, cuando menos que quien no cumple con el perfil que marca FIFA para desempeñar cargos en las asociaciones miembros de la Federación Internacional, apele a ésta para que se inmiscuya en procesos legislados por el Estado español para impedir que se cumpla la normativa española.
Y más rocambolesco es que Villar sea vicepresidente de la FIFA y de la UEFA, y que estos dos organismos internacionales permitan el incumplimiento de su propio Código Etico. Veremos cómo actúa el señor Blatter una vez que haya tenido conocimiento de estos hechos por parte de las siete federaciones territoriales que le han hecho llegar la denuncia formal de esta situación.

Las demandas de las federaciones contra el Ministerio

Y en la misma línea hay que argumentar sobre el recurso interpuesto por siete federaciones territoriales contra la Orden Ministerial de 8 de diciembre que regula las elecciones. De entrada, como ya hemos informado anteriormente, las territoriales se saltan las normativas FIFA a las que se acogen para no reconocer legítima la intervención del CSD y el Ministerio de Educación, y se van a la vía judicial ordinaria española para recurrir la OM.
Pero es que de salida el recurso lo presentan siete territoriales y dos ciudades autónomas, más cinco provinciales. Las federaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Las Palmas y Tenerife no tienen personalidad jurídica, puesto que quienes las ostentan son las Federaciones Vasca y Canaria, respectivamente, según la Ley del Deporte. Por tanto, el recurso contencioso administrativo presentado ante la Audiencia contiene un error de forma que llevará al juez instructor a rechazarlo, ya que se alega que todas las recurrentes son miembros de pleno derecho de la asamblea del fútbol español, y al menos estas cinco provinciales no lo son.
Y toda la argumentación por parte de Villar en su recurso haciendo hincapié en que no se trata de un cargo público, choca igualmente con la Ley del Deporte, que confiere carácter de públicas a las federaciones deportivas por delegación del Consejo Superior de Deportes, para que sean ellas las que gobiernen el deporte español en sus respectivas parcelas, lo mismo que en otras materias se delega en las Comunidades Autónomas. En consecuencia, las federaciones ejercen funciones administrativas por delegación, reciben subvenciones y ostenta la representación de España en sus respectivos deportes, de ahí el monopolio en las selecciones nacionales.
Mañana, 19 de febrero, la OM prevé que los miembros con derecho a voto en las elecciones de la RFEF deben tener en su poder el Reglamento Electoral y el Calendario Electoral, para que hagan las alegaciones pertinentes y en diez días, el 29 de febrero, obren ambos documentos en poder de la Junta de Garantías Electorales (JGE) y del CSD. Aunque la Federación ya se ha puesto a elaborar el censo, mañana no estarán entregados dichos documentos. Incumplimiento número dos. Más trabajo para la JGE.