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Asiste el máximo responsable de la Operación Emperador, Santiago Sánchez Aparicio

Comisarios de la cúpula policial arropan, en el funeral de su madre, a uno de los imputados por corrupción en el caso Gao Ping

Mayo 1, 2014

Carlos Salamanca, Comisario Jefe del Aeropuerto Adolfo Suárez, está imputado por cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias
Sánchez Aparicio fue el Comisario de confianza que el Gobierno eligió cuando decidió sustituir a José Losada al frente de la Policía Judicial, destituido por no frenar los informes de la UDEF sobre dirigentes del Partido Popular en los casos Gürtel y Bárcenas
Quien no asistió al sepelio fue el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que mantiene una relación de amistad con el Comisario Salamanca


La imputación de nueve agentes por su relación con miembros de la red de Gao Ping mantiene convulsionado al Cuerpo Nacional de Policía. El nombre más destacado de la lista de imputados es el de Carlos Salamanca, que ha desempeñado puestos de responsabilidad en la lucha antiterrorista y actualmente es el Comisario Jefe del Aeropuerto Adolfo Suárez. Salamanca sufrió la pérdida de su madre en los días en que se conoció la petición al juez por parte de la Fiscalía Anticorrupción para que imputara a los agentes. El Comisario convocó una misa funeral en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, sita en la calle Mayor de Madrid.

Dentro del Cuerpo, la asistencia al sepelio se interpretaba como un termómetro del apoyo interno del que goza el Comisario, sobre todo por parte de la cúpula policial. No obstante, cuatro días después se materializó la imputación contra Salamanca por cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias. Fuentes presentes aseguran que la asistencia fue numerosa y destacan algunos de los nombres de Comisarios que allí estuvieron. El principal, Santiago Sánchez Aparicio, Comisario General de Policía Judicial y, por tanto, responsable de las Unidades que investigan la Operación Emperador. De hecho, los indicios contra los Policías surgieron de los pinchazos telefónicos a los que la Unidad de Delincuencia contra el Crimen Organizado sometía, con autorización judicial, a algunos ciudadanos chinos.

Sánchez Aparicio, hombre de confianza del Gobierno

Sánchez Aparicio fue el Comisario de confianza que el Gobierno eligió cuando decidió sustituir a José Losada al frente de la Policía Judicial, el pasado octubre. Losada fue destituido por no frenar los informes de la UDEF sobre dirigentes del Partido Popular en los casos Gürtel y Bárcenas. Pero Aparicio no fue el único miembro de la Junta de Gobierno que acudió a la misa funeral. Allí estuvieron también Emilio Baos, Comisario General de Extranjería, y Florentino Villabona, que dirige la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y del que los sindicatos policiales exigen su destitución por la gestión de los disturbios del 22M. A la lista de asistentes hay que añadir a José Luis Oliveras, director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, jefe de la UDEF en tiempos del PSOE y ahora Policía de toda la confianza del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Todos esos Comisarios forman parte de una cúpula policial en cuya cabeza se sitúa el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que ha conocido de primera mano toda la investigación contra los Policías. Esas pesquisas han corrido a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, que solo informa a Pino y que está dirigida por un Comisario de la total confianza de éste, Marcelino Martín-Blas. Un Informe de Asuntos Internos sirvió de base a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar la imputación de los policías.

El juez Fernando Andreu prefirió no asistir al sepelio. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional renunció a seguir instruyendo la Operación Emperador cuando Anticorrupción le solicitó la imputación de Salamanca. Andreu esgrimió que mantiene una relación de amistad con el Comisario Salamanca. El caso ha pasado a manos del juez Ismael Moreno, que ahora investiga si los imputados recibieron regalos a cambio de facilitar gestiones y suministrar información a miembros de la red de Gao Ping.

En torno a 300 millones de euros al año escamoteados a las arcas del Estado

La Operación Emperador es el nombre con el que los Policías bautizaron a la mayor investigación en la historia de España contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Los investigadores cifran en unos 300 millones de euros los escamoteados a las arcas del Estado por la red anualmente. Hasta el 90% de los artículos que se vendían en bazares españoles podían pasar antes por el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Solo el 10% de esos productos, importados de China por barco, eran declarados, según un cálculo conservador.

Gao Ping y sus lugartenientes habían extendido una red de contactos para beneficiar sus negocios, incluyendo un concejal del PSOE en Fuenlabrada. En la primera fase de la Operación fueron detenidos varios Agentes, entre Policías Locales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. El más destacado de estos fue el comisario Miguel Ángel Gómez Gordo, Jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería en Madrid y, por tanto, encargado de vigilar a la comunidad china en la Comunidad. Según un Informe de la Fiscalía Anticorrupción, Gómez Gordo trataba directamente con Gao Ping. Imputado por cohecho, el Policía sigue destinado en el mismo puesto.