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Comienzan los pleitos anunciados por Extraconfidencial.com contra la Real Sociedad Club de Fútbol, sus directivos, administradores concursales y políticos del PNV

Marzo 20, 2017
aperribay

Todos aquellos lectores que hayan seguido los artículos publicados por Extraconfidencial.com dedicados a informar a la opinión pública de las irregularidades fiscales, mercantiles y societarias cometidas por diversos consejos de administración de la Real Sociedad Club de Fútbol, al menos desde el 2002 y hasta el 2007, se habrán percatado que existe un denominador común en lo hasta ahora publicado: la injerencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), liderado por Iñigo Urkullu, y lo que fue su marca blanca Amaikabat, partido donde militaban el diputado de la Hacienda Foral de Guipuzkoa Peio González y el diputado de Deportes y Acción Exterior Iñaki Galdós, igualmente protagonistas.

La Inspección Fiscal y el concurso de acreedores que tuvo que afrontar la Real a finales de la primera década de los dos mil, se vio desnaturalizado por la intromisión política que ejercieron altos cargos del gobierno foral, controlado en aquella época por el PNV.

Pero la intromisión en la inspección fiscal se quedó a medio camino. El diputado de Hacienda Foral de Guipuzkoa, Peio González, se balanceaba como un péndulo en una situación desquiciante por querer nadar y guardar la ropa; sus actuaciones oscilaban desde campañas de mercadotecnia política acuñando frases con las que llegar a la ciudadanía: “tolerancia cero contra el fraude fiscal” a oficiar de presunto escudero del PNV, interviniendo de una manera directa en el expediente fiscal de la Real Sociedad junto con su director general Pedro María Ruiz de Azúa. Quiso vestir dicho expediente de un lustre de normalidad, solicitando la ayuda de su jefe de partido Iñaki Galdós y de todo el consejo de diputados, con el Diputado General Markel Olano a la cabeza, para sentirse arropado. Con su proceder, el diputado de Hacienda obligaba a sus conciudadanos a sentir sonrojo político. Las prendas que se utilizaron dejaban transparentar las vergüenzas de una actuación política ilegal.

Intervención política

El Concurso de Acreedores al que se acogió la Real Sociedad quedó mediatizado de tal manera por la intervención política que se convirtió en una cruzada contra el ex presidente Iñaki Badiola. Las conclusiones a las que llegó la administración concursal no se pueden entender fuera de este escenario. Los preceptos de la ley concursal quedaron conculcados al primar los objetivos políticos que se perseguían. El PNV, como si de una mano negra se tratara, contaminó la voluntad de los administradores concursales. “Cegados por la euforia, estos actuaron al igual que marionetas de trapo movidos por los hilos de los titiriteros políticos del PNV”, afirman los denunciantes. “Esta controvertida actuación ha puesto hoy en alerta a la Justicia, que se va a encontrar en un caladero donde pescar; en esta ocasión no se va a pinchar en hueso”, señalan.

Los tres administradores concursales formaban un grupúsculo, donde en la sombra tenían a su disposición a un asesor técnico, un singular abogado de profesión de nombre José Luis Martínez, socio del despacho Sunion junto con Ángel Oyarzum, directivo de la Real Sociedad con Joakin Aperribay,. “José Luis Martínez es el autor intelectual del golpe de estado accionarial que se produjo el 20 de diciembre de 2008 en la junta de accionistas convocada por el señor Badiola en el estadio de Anoeta, consiguiendo, con esta hartera trata legal, la remoción del consejo de Badiola y dejando sin efecto la propuesta de pedir responsabilidades a los consejeros y presidentes de los diferentes consejos de administración que habían dejado a la Real sin pulso económico y con un balance contable que daba fe de las actuaciones de unos sátrapas”, dicen los denunciantes.

Un triunvirato bajo la lupa de la Justicia

Ahora estos administradores concursales serán examinados por la justicia en un pleito que va comenzar en breve. Unos administradores que supuestamente anteponen las “negociaciones” a los preceptos jurídicos. Estos son los administradores concursales de la Real Sociedad que serán enjuiciados:

Antton Ibargutxi Otemin: Empleado de la Diputación Foral de Guipuzkoa (actualmente jubilado), aterrizó en la institución foral desde el Gobierno Vasco. Un caso más de los miles que se dan en el País Vasco para aquellos que cuentan con “superávit energético”; ocupó los cargos de letrado jefe y director de Régimen Jurídico. De perfil bajo y nula experiencia en procedimientos concursales, acabó como concursal de la Real Sociedad por puro descarte. Este periódico se ha puesto en contacto con profesionales expertos en concursos mercantiles, y todos coinciden en señalar que lo lógico hubiera sido escoger un funcionario de Recaudación de la Hacienda Foral de Guipuzkoa experto en Ley Concursal, pero nadie quiso atender esta propuesta sabiendo que su autonomía en la toma de decisiones iba a quedar absolutamente condicionada por el estamento político. Se recurrió finalmente a un hombre de confianza del aparato. El cargo le vino grande y adoptó el papel de un auténtico “politruk” que se vino arriba: no tuvo reparos en invitar al señor Badiola a hablar de “negocios” con la socorrida prevención de que “lo hablado en las reuniones quedaría exclusivamente entre nosotros”. No gozó de la simpatía de sus compañeros por su aparente trato arisco; desaparecía y aparecía de las oficinas de la Diputación al igual que los ojos del Guadiana.

Cristóbal Mañero Velasco: De supuestos ademanes de señorito, obtuvo la licenciatura en Derecho como percha para presentarse en sociedad. Contrajo nupcias con una señora de noble apellido vinculado a la elaboración de bebidas espirituosas, con bodegas radicadas en el Puerto de Santa María. Despistado en la nueva plaza de San Sebastián comenzó su andadura profesional en el mercado inmobiliario. El boom del ladrillo le facilitó las cosas. Se presentaban todo tipo de operaciones relacionadas con el sector. La picaresca tomó asiento en las transacciones de compraventa de inmuebles y derivados. Con este bagaje profesional, sin ninguna experiencia en procesos concursales, se inscribió a la lista que recurren los jueces mercantiles para los nombramientos de administradores concursales. El juez Malagón tiró de lista, y quien fue asignado, primeramente, un competente abogado, no pudo atender la petición por estar ocupado en otros quehaceres profesionales, y apareció sorpresivamente en escena Mañero Velasco como administrador concursal de la Real Sociedad.

Jesús San Martín Ruana: Trabaja en la asesoría Zubizarreta Consulting, SL, con domicilio social en Vitoria. Esta consultoría tenía y tiene oficinas, entre otras ciudades, en San Sebastián, dirigida por el señor Felipe Gorostegui Iturrioz, prestigioso auditor y experto en procedimientos concursales. El colectivo de auditores de San Sebastián no encontró lógico el nombramiento de Jesús San Martín, cuando la oficina de San Sebastián contaba con un experto. La cabeza visible de Zubizarreta Consulting, SL actualmente constituido en grupo con oficinas en Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Madrid, es Vicente Zubizarreta Orcelay, vinculado al PNV y receptor de presuntos favores institucionales. Jesús San Martín es economista y el único de los tres que tenía conocimiento de procedimientos concursales. La deriva que tomó el concurso no le gustó. El área técnica que quedó aparcada en un segundo plano. Las decisiones políticas debían ser aceptadas y el protagonismo se lo llevaron Antton Ibargutxi y Cristóbal Mañero. Jesús San Martín empezó a ausentarse de las oficinas que la administración concursal tenía habilitadas en Anoeta y el trío se convirtió prácticamente en un dúo, hasta tal punto que las actas fiscales levantadas a la Real Sociedad fueron firmadas solamente por Ibargutxi y Mañero. Dicen que al señor San Martín le faltó el coraje de dimitir.

La Due Diligence perdida

Tras esta semblanza personal y profesional de los administradores concursales y su mentor, el abogado José Luis Martínez, este medio cuenta con documentos aportados ante el Juzgado que muestran las supuestas irregularidades que cometieron estos administradores. Documentos que al ser tan abundantes trataremos de dar solo unas pinceladas de los más llamativos para no resultar demasiados prolijos.

La existencia de una Due Dilligence encargada por el ex presidente Iñaki Badiola y el inicio de una inspección fiscal constituían unos instrumentos clave para el desarrollo y finalización del concurso de la Real Sociedad. Las conclusiones de la Due Dilligence y las actuaciones de los inspectores fiscales ponían en bandeja de plata la labor de los administradores concursales; pero estos tenían otra misión, que no era precisamente lo que iba levantando la inspección de Hacienda y las conclusiones a las que se llegó en la Due Dilligence.

La actitud de Badiola levantando alfombras, que dejaban ver la fosa séptica en que habían convertido la Real Sociedad varios consejos de administración, ponía de los nervios al PNV, que veía en este comportamiento un delito de “lesa patria chica”, convirtiéndolo en un “casus belli” contra, en aquel momento, presidente de la Real Sociedad”, afirman los denunciantes. “La recompensa era tan jugosa que los administradores concursales intentaron cancelar la junta de accionistas del 20 de diciembre de 2008, inhabilitar al consejo presidido por Badiola se negaron a autorizar el gasto en sellos para enviar la convocatoria del 20 de diciembre, se quejaron ante el juez Malagón por la negativa de Badiola a que entraran en el palco y así hasta un largo etcétera”.

Sin embargo, no hubo en el informe concursal una sola mención a la existencia de una contabilidad “B”, causa objetiva para calificar el concurso como culpable (artículo 164 de la Ley Concursal). “Estos señores, para no tener que nombrar la maldita palabra, recurrieron a un eufemismo en sus informes dirigidos al juez Malagón: ingresos y gastos no contabilizados. Como siempre utilizando medias verdades. Efectivamente eran ingresos y gastos no contabilizados en la contabilidad oficial, pero si con un prolijo detalle en la contabilidad “B” o, en palabras del señor Bárcenas, en la “contabilidad extracontable”. Para colmo del despropósito “razonan” que la existencia de esta contabilidad “B” no tiene ninguna incidencia porque está cuadrada. Hay que tener valor para poner semejante barbaridad contable en un informe oficial dirigido al juez”, señalan en su denuncia.

Actas de conformidad

Los administradores concursales firmaron el 6 de agosto de 2009 unas actas de conformidad por el asunto de los derechos federativos que entre cuotas, intereses y sanciones sumaban la cantidad presuntamente defraudada de 18 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, en su informe del 1 de marzo de 2010 fueron capaces de aseverar que el tema de los derechos federativos “no tiene incidencia patrimonial y que todos los clubes hacían lo mismo”. Sin embargo, nada de comentarios a las reiteradas salvedades sin atender, año tras año, por parte de los ex presidentes donostiarras Astiazaran, Fuentes y De la Peña. Y así podríamos continuar…

Con este proceder seguido por los administradores concursales, no es posible que el juez de lo mercantil, señor Malagón, no se enterará de la parcial conducta seguida por los administradores concursales, se señala en la denuncia judicial. ¿Cómo es posible que el señor Malagón no se enterara de la existencia de unas actas fiscales, del IVA llevado al juzgado, etc.? El contenido de las páginas 31 y 32 del informa del 1 de marzo de 2010 es digno de dirigirlo al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Todas estas presuntas conductas ilegales seguidas por los administradores concursales serán juzgadas en breve para ver si quedan o no impunes finalmente. Seguiremos informando.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho