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LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE COSTA A COSTA (VI)
El 46,5% de su costa está urbanizada

Cataluña es la región de España con mayor saturación en su litoral

Julio 26, 2010

La Fiscalía ha investigado varios casos de corrupción en Salou, Segur de Calafell, Tarragona y Torredembarra

El delta del Ebro, ha pasado en esta última década de ser un sitio desconocido para el turismo mayoritario a convertirse en uno de los puntos donde se acumulan los proyectos de urbanizaciones y de campos de golf


A diferencia de otros territorios, el proceso de urbanización ha sido constante en el tiempo. Seis años antes, ya Greenpeace denunciaba que a la costa catalana sólo le quedaba el 11% de su litoral no protegido libre de edificaciones: 62 kilómetros de costa sin urbanizar, que se encontraban gravemente amenazados por la especulación urbanística. Los números que ofrece el litoral catalán tras una década de análisis son paradójicos. Los datos oficiales han destacado Cataluña como la comunidad autónoma con más litoral protegido (57,8%), pero dicho porcentaje choca con el elevado grado de urbanización de su litoral no protegido. Los municipios litorales han continuado planificando miles de viviendas en su costa para generar tejidos urbanos que, en algunos casos, incluso han invadido los primeros 500 metros de costa.

Proceso continuo

Los procesos urbanizadores no han cesado en el litoral catalán. Gran parte de la costa lleva sufriendo durante mucho tiempo la dictadura impuesta por el turismo de sol y playa, responsable de la mayoría de los planes urbanísticos de las localidades costeras. Muchos de ellos no tienen en cuenta consideraciones relacionadas con la calidad de vida o el cuidado de su patrimonio social, cultural y ambiental.

Una preocupante tendencia derivada del análisis de los datos revela que los escasos espacios naturales costeros, al ser los puntos mejores conservados de esta franja de terreno, están sufriendo el asalto de los especuladores. Es el caso del delta del Ebro, que ha pasado en esta última década de ser un sitio desconocido para el turismo mayoritario a convertirse en uno de los puntos donde se acumulan los proyectos de urbanizaciones y de campos de golf.

Cataluña aprobó durante 2005 dos Planes Directores Urbanísticos que abarcan toda la costa catalana con el objetivo de proteger aquellas partes del territorio situadas en la franja de 500 metros lineales desde la costa que aún permanecían sin plan urbanístico. Los planes aprobados estaban repartidos por 22 municipios (aunque sólo afectaban a una cuarta parte de las más de 200 zonas costeras que se encontraban en esa situación), gracias a los cuales más de 600 hectáreas se han librado del cemento. Sin embargo, excepto en estas zonas ahora protegidas, en el resto de la costa continúa la construcción y la densificación de las edificaciones. La mayor parte de los ayuntamientos han ampliado el suelo urbanizable en sus nuevos planes de ordenación urbanística municipales, lo que muestra que priman los criterios de obtención de financiación inmediata para sus arcas (tasas e impuestos) mediante recalificaciones de suelo no urbanizable. Aun así, la Generalitat invirtió en 2008 diez millones de euros para preservar la costa, un gesto tan positivo como escaso, dada la magnitud de lo invertido en infraestructuras costeras.

Corrupción

En algunas ocasiones, la batuta que ha dirigido la destrucción del litoral ha sido la corrupción. Entre otros, la Fiscalía ha investigado varios casos en Salou, Segur de Calafell, Tarragona y Torredembarra. La falta de coherencia entre la protección del medio ambiente y la destrucción a toda costa se destacaba en 2006, cuando se aprobó la construcción de 20.000 nuevas vivienda en el litoral catalán, una cifra que se elevaría hasta las 100.000 residencias en los años posteriores. Cadaqués, Palafrugell, Castell-Platja d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Cunit, Roda de Bará, Torredembarra, Tarragona, Salou, Cambrils, Mont-Roig del Camp, Vandellós i L’Hospitalet de L’Infant, L’Ametlla de Mar, Deltebre, Sant Carles de la Rápita y Alcanar incrementaron el terreno destinado al ladrillo con la complicidad de la Generalitat, que ha amparado los intereses de las grandes promotoras y constructoras a costa de hipotecar el futuro de su territorio y sus habitantes.