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LOS EXPOLITICOS RICOS (II)
Sólo dos regiones no tienen Organismos Consultivos, fuente de ingresos para buena parte de sus antiguos altos cargos

Cataluña es la Comunidad Autónoma más generosa con sus ex presidentes, tanto en su tratamiento como en el sueldo: el 80% de la retribución de “president” es vitalicia

Noviembre 13, 2013

En Andalucía, además del diputado Manuel Chaves y el senador José Antonio Griñán, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, tienen derecho a una pensión vitalicia con una asignación mensual equivalente al 60% del sueldo que percibían cuando ocupaban el cargo, además de formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma
José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, entre 1983-2004 cuenta con derecho a un despacho con coste anual de 160.000 euros para las arcas regionales, ya que dispone de dos secretarias, conductor y seguridad personal
En el País Vasco, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe y Patxi López mantienen el trato de distinción de Lehendakari de por vida, con derecho a disponer de oficina propia con secretaria ya sea en el País Vasco o en Navarra


En la edición anterior, extraconfidencial.com ponía números a otra de las consecuencias de la España de las Autonomías, la enorme cantidad de presidentes que han regido distintas Comunidades en tan sólo 35 años, 118 más de 7 de media por Comunidad Autónoma. Una cifra que no dejaría de ser anecdótica sino fuera porque detrás de ello viene aparejado sueldos y pensiones temporales o vitalicias, y toda una serie de gastos a cargo de todos los ciudadanos.

El catálogo de prebendas es extenso y depende de la Comunidad,  recibiendo desde rentas vitalicias hasta pago de dietas para desplazamientos a actos oficiales. No existen ni cantidades mínimas ni igualdad en el trato. En regiones como Aragón, Canarias o Baleares oficialmente no reconocen a sus presidentes ningún tratamiento especial cuando dejan su cargo, mientras que en autonomías como Cataluña o el País Vasco, continúan siendo “molt honorable” o “lehendakari” de por vida. Lo normal es que sigan cobrando un 60% de su sueldo durante un determinado periodo de tiempo, pero sigue destacando también Cataluña que remunera el 80% de lo cobrado por el president (actualmente los 115.000 euros anuales) de forma vitalicia.

Vida asegurada sin incompatibilidades

Pero más allá de estas rentas, está la posibilidad de combinar remuneraciones. Además de cargos como diputados en las Cortes nacionales o autonómicas, aúnan sus pensiones con otros cargos y en total libertad. Manuel Chaves además de su remuneración por el escaño que ocupa como diputado del Grupo Socialista se solapa con lo que recibe por haber sido  número uno de la Junta de Andalucía y con la pensión vitalicia a la que también tiene derecho en reconocimiento por haber ocupado ese cargo. Pero la principal fuente son los consejos autonómicos, generalmente bien dotados económicamente, desde los 360.000 euros a más de 2,5 millones. Algunos han renunciado como Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana o José María Barreda en Castilla La-Mancha, pero otros, como el socialista gallego Emilio Pérez Touriño disfrutan de secretaria a su servicio, automóvil propio y chófer y un sueldo de 67.000 euros anuales. Pero no es el único caso, ni mucho menos.

Entre los presidentes de Andalucía además del diputado Manuel Chaves y el senador José Antonio Griñán, Rafael Escuredo  (1979-1984) y José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990), tienen derecho a una pensión vitalicia con una asignación mensual equivalente al 60% del sueldo que percibían cuando ocupaban el cargo. Además, pasaron a formar parte del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma que les da derecho a disponer de una oficina propia, con secretaria y servicio de seguridad personal. 

José Bono, presidente de Castilla-La Mancha entre 1983-2004 cuenta con derecho a un despacho con coste anual de 160.000 euros para las arcas regionales, ya que dispone de dos secretarias, conductor, seguridad personal. Su sucesor, José María Barreda, renunció a ese privilegio. En Castilla y León, Demetrio Madrid presidente entre 1983 y 1986 y José Constantino Nalda  (1986-1987), ambos socialistas, forman parte del Consejo Consultivo de Castilla León, un organismo que recibe una asignación anual que se sitúa en el entorno de los 1,3 millones de euros, de acuerdo con las cifras más recientes. Además, actualmente, un ex presidente de la Junta tiene derecho a una remuneración de 78.000 euros por año durante un mínimo de dos ejercicios. José María Aznar, Jesús María Posada y Juan José Lucas renunciaron a entrar en el Consejo.

Joaquín Leguina</strong> presidente de Madrid entre 1983 y 1995, pertenece al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, uno de los mejores dotados económicamente con un sueldo de unos 70.000 euros anuales. Miguel Sanz, presidente navarro entre 1996 y 2011 cobra una pensión vitalicia de más de 64.000 euros al año, Navarra es una de las dos únicas comunidades españolas que no cuenta con Consejo Consultivo. Francisco Camps, al dejar de ser presidente de la Generalitat Valenciana, tras dimitir, pasó a ser miembro del Consejo Consultivo con sueldo de 77.000 euros/año, que incluye secretaria y chófer, siendo el primero de los presidentes en acogerse a este tipo de privilegios.

“Molt Honorable” o “Lehendakari” de por vida

Jordi Pujol, Pascual Maragall y José Montilla tienen la consideración de “molt honorable” durante el resto de su vida, recibiendo el equivalente al 80% del sueldo del presidente de la Generalitat en ese momento.  Su pensión no sólo es vitalicia sino transferible a hijos menores y a esposa. Cuentan además con servicio de seguridad personal, despacho con derecho de uso sin límite de tiempo en las zonas más exclusivas de Barcelona y secretaria, chófer y coche personal. La suma de salarios y gastos superan los 900.000 euros al año.

Por último, en el País Vasco, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza,  Juan José Ibarretxe y Patxi López mantienen el  trato de distinción de Lehendakari de por vida, con derecho a disponer de oficina propia con secretaria ya sea en el País Vasco o en Navarra. Además, la consideración permanente de lehendakaris da lugar a otro tipo de derechos económicos como el que permite cobrar un 40% de su sueldo ya un año después de dejar el cargo. El porcentaje asciende al 50% una vez que los beneficiarios alcanzan la edad de la jubilación. Este es el otro coste de las España autonómica, un coste que no sabe de crisis ni de los problemas que sufren millones de ciudadanos, y que tampoco parece querer acabarse mientras que el Estado tiene que entregar millones de euros, de nuevo, para pagar facturas.