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Caso Talavera: El Supremo archiva la querella contra el presidente del TSJ de Castilla La Mancha, Vicente Rouco, y el juez decano de esa demarcación, Fernando Presencia, recurre presentando las informaciones de Extraconfidencial.com sobre la presunta corrupción en los juzgados talaveranos

Diciembre 18, 2015
Fernando Presencia, juez del juzgado de lo mercantil 2

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en auto fecha 1 de diciembre, ha acordado la no admisión a trámite de la querella contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, entre otros, por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno y con el consiguiente archivo de las actuaciones en el denominado Caso Talavera, sobre la presunta corrupción en los Juzgados de esta conocida localidad toledana. Ante esta resolución del Supremo, el juez decano de Talavera, Fernando Presencia Crespo, magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de  esta localidad, ha presentado un recurso de súplica marcado con el número 20788/2015, considerando no ajustada a Derecho la referida resolución.

En el punto primero de su recurso el magistrado Presencia cita las informaciones de Extraconfidencial.com, que ha seguido la investigación sobre el denominado Caso Talavera desde un primer momento.  Todo lo que se ha denunciado hasta el momento y que ha sido objeto del procedimiento judicial incoado ante el Tribunal Supremo, no ha estado exento de polémica y repercusión mediática.

Para ello el juez Presencia ha aportado la información publicada en nuestro periódico el pasado 16 de noviembre de 2015 y titulada: “El Consejo General del Poder Judicial censura la información de Extraconfidencial.com sobre la presunta corrupción en los Juzgados de Talavera. Esto supone un claro ataque a la libertad de expresión y libertad de información auspiciada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que limita sus propios jueces la información que los medios de comunicación publican sobre ellos, calificándola de buena o mala según sus intereses”.

La casa sigue sin barrer

En su recurso, el juez decano de Talavera, ahora también candidato a la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha para lo que ha sido llamado a maitines por el Consejo General del Poder Judicial el próximo 12 de enero, considera que “en las presentes actuaciones se ha aplicado incorrectamente el art. 410 de la LOPJ, porque el querellado VICENTE ROUCO RODRÍGUEZ, aunque es Magistrado y Presidente del TSJCM, en el momento de presentarse contra él la querella ya no estaba conociendo del proceso por el que ahora es querellado , ya que las D.P. 9/2015 de la Sala de lo Penal del TSJCM ya habían terminado por resolución definitiva y firme en el momento de la presentación de la querella. Si se hubiera presentado la querella cuando el querellado aún estaba conociendo de aquellas D.P. 9/2015, sí que tendría razón de ser la aplicación del art. 410 LOPJ, pero nunca después de haberse archivado. ¿Cuál es la consecuencia entonces de este error en la aplicación de las técnicas del antejuicio? La respuesta es clara si se observa el contenido de la resolución de inadmisión a trámite y archivo de las actuaciones que ahora se recurre. La Sala, sin contrastar ninguna documentación, efectúa un juicio preliminar sobre la suficiencia de los datos y circunstancias contenidos en el escrito de querella que es más propio del antejuicio ya derogado que incluso de lo que permite la actual redacción del art. 410 LOPJ – que además de que, como ya hemos visto, no es de aplicación a las presentes actuaciones, exige dicho precepto que si no se aporta debidamente testimoniada la documentación a la querella podrá ser reclamada de oficio para proceder a su exámen. Y ni tan siquiera eso se ha hecho en las presentes actuaciones. Sin abrir Diligencias Previas, ni pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella, la Sala ha manifestado lacónicamente que el querellante no aporta la argumentación fáctica o jurídica de las resoluciones que se dicen injustas

El juez Presencia concluye de una manera muy clara y rotunda: “[Esto] provoca que se perpetúe en el tiempo una injusticia que además de manifiesta empieza a ser insoportable para todos los que estamos trabajando en los Juzgados de Talavera de la Reina, permitiendo que se consolide la interpretación absurda que se ha producido ya, y que se va a seguir produciendo, donde el Tribunal Supremo vuelve a indicar que los delitos producidos en torno a la corrupción urbanística en Talavera de la Reina deben plantearse “ante quien resulte competente”, sin decir quien, el Sr. Rouco volverá a convertirse en Juez de su propia causa, y volverá a inadmitir la querella por cuestiones puramente procesales, o por entender que hay cosa juzgada o por cualquier otro motivo que se le ocurra, y la casa seguirá sin barrer”.

El Ministerio Fiscal en contra de la admisión

Esta decisión de la no admisión de la querella por parte de la Sala Segunda del Supremo ha contado con el preceptivo Informe del Ministerio Fiscal, desde el primer momento no partidario de su admisión. La competencia del Supremo para conocer esta querella sólo se ceñía a los hechos imputados a Vicente Rouco Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que era la única persona que reunía la condición de aforada ante este Tribunal entre los cinco demandados, entre ellos, el Fiscal Jefe de la Adscripción Territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

El Supremo tumba de un plumazo las reivindicaciones judiciales del magistrado decano de Talavera: “el relato de hechos de la querella no resulta, como resalta el Ministerio Fiscal en su informe, una conexión material inescindible entre los hechos que a él se le imputan y los que se atribuyen a los no aforados, que pudiera justificar la ampliación de la competencia de esta Sala de lo Penal respecto a estos últimos. Efectivamente, los hechos que el querellante imputa a las personas no aforadas ante este Tribunal no guardan la relación citada con los hechos imputados al querellado que sí reúne tal condición; por más que el querellante pretenda englobarlos en el clima de corrupción generalizada que, según él, existe en el partido judicial del que es Decano, y que, al menos hasta el momento, no ha quedado acreditado…

En primer lugar, el querellante no invoca -o al menos no lo hace con la claridad suficiente- qué resoluciones injustas dictó el querellado. De la lectura de los hechos relatados en la querella podría deducirse que, como consecuencia de la falta de imparcialidad que se denuncia, considera como tales el auto de archivo dictado en la causa núm. 9/2015 y el auto posterior, de fecha 30 de septiembre de 2015. Pero, como hemos dicho, el querellante no identifica las resoluciones con claridad.

En segundo lugar, la propia querella tampoco aporta una argumentación suficiente sobre el contenido fáctico y jurídico de las resoluciones supuestamente prevaricadoras, que permita que esta Sala pueda valorarlas y evaluar su pretendido carácter injusto. El querellante apenas menciona los hechos o fundamentos de los autos señalados; sino que enfatiza sobre la actitud del querellado al no apartarse de la causa,

como ya se ha indicado. Si el delito de prevaricación dolosa consiste en el dictado de una resolución injusta a sabiendas, es imprescindible conocer cuál es el contenido de la resolución judicial. Para decidir sobre ello también sería preciso conocer cuál es la pretensión que sostuvo la parte. Es decir, se debe tener presente qué pidió la parte y qué le contestó el juzgador, ya que son los dos elementos que permiten apreciar si larespuesta dada fue o no injusta”.

En definitiva, la resolución del Supremo, firmada por los magistrados Manuel Marchena Gómez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Francisco Monterde Ferrer, considera que de la querella presentada por el juez Presencia no se deriva elemento indiciario alguno que apoye la afirmación de que el presidente del TSJ de Castilla La Mancha, Vicente Rouco, pudiera haber cometido un delito de prevaricación judicial, por lo que la misma ha sido inadmitida a trámite en lo que a él se refiere, aunque ahora acaba de ser recurrida por el magistrado decano de Talavera de la Reina. El culebrón judicial continúa.

 Juan Luis Galiacho

 juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho