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Tras estrenar hace escasos días su propio marco legal

Casi la mitad de la contratación de la Biblioteca Nacional entre 2010 y 2013, de un total 26 millones de euros, se realizó externamente provocando menor control y riesgos de demandas

Abril 29, 2015

La institución cultural, dirigida actualmente por Ana Santos Aramburo, activó “indebidamente” más de 26 millones de euros entre 2010 y 2013 para la contratación
Todos sus métodos de adquisición de fondos por depósito legal, por compra, por donativo y por canje presentan alguna deficiencia
Los procesos de conservación y digitalización no se han realizado correctamente


Es la Biblioteca Nacional de España (BNE), -dirigida por Ana Santos Aramburo-, la tercera institución cultural del país con mayor rango, al menos, en cuanto al régimen legal se refiere. Recientemente, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley del Centro Bibliotecario que pasa a engordar la lista de entidades culturales con un marco legal propio, tras los museos de El Prado y el Reina Sofía. Éste es uno de los pocos -por no decir el único- ámbitos donde el ministro José Ignacio Wert ha encontrado consenso a lo largo de su controvertida trayectoria como máximo responsable de la cartera de Educación, Cultura y Deportes. A pesar de ello, algunas son las voces discrepantes que apuntillan la Ley de la Biblioteca Nacional. Sin ir más lejos, el Tribunal de Cuentas saca los colores al centro dirigido por Ana Santos Aramburo en su Informe de Fiscalización sobre la actividad de la Biblioteca Nacional de España en los ejercicios 2011 y 2012.

Por un lado, los errores económicos relativos a la gestión de los fondos bibliográficos se cuentan por decenas. La contratación externa es uno de los males endémicos localizados en la Biblioteca Nacional. Entre 2010 y 2013 se suscribieron un total de 98 contratos para la prestación de servicios bibliotecarios en los que se invirtieron 26.423.832 euros activados “indebidamente como inmovilizado”. De estas operaciones, el personal externo contratado representó entre el 43% y el 49% de los recursos humanos destinados a las tareas de proceso técnico. Este recurso habitual de contratación externa, en detrimento del personal propio, implica “un menor control en la selección y formación del personal y plantea problemas de gestión derivados de la alternancia que se produce con cada nueva contratación”. Además, esta opción “entraña el riesgo de estimación en vía judicial de demandas de fijeza presentadas por el personal contratado”. En 2012, la Biblioteca Nacional abonó más de 30.000 euros a dos trabajadores a los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció el derecho a la readmisión o al abono de una indemnización. A pesar de todo ello, esta práctica ya se ha reducido por las menores posibilidades presupuestarias.

Adquisición de fondos quasi fraudulenta

Es necesario señalar la falta de un Sistema de Contabilidad Analítica que, a la fecha del estudio, “se encontraba pendiente de implantación”. Esto provoca una carencia informativa preocupante sobre los costes de los servicios y actividades de los diferentes departamentos y unidades. Más clamorosa es esta carencia cuando entre 2010 y 2013 “el número de registros bibliográficos recogidos en el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria se incrementó en 642.545 y el de ejemplares en 1.228.424, lo que representa porcentajes de aumento del 18% y del 15%”. A pesar de que la adquisición de fondos en la Biblioteca Nacional a través del depósito legal asciende al 97% del total, las competencias de alta inspección en relación con el cumplimiento por las Comunidades Autónomas de la normativa “no han sido desarrolladas reglamentariamente”.

Los otros métodos de adquisición también presentan fallos. En el procedimiento de adquisición por compra de material bibliográfico se han detectado deficiencias como “la incorrecta regulación de las competencias de la Comisión de Adquisiciones Bibliográficas” y “la falta de integración en un único expediente de la documentación original completa”. El procedimiento de adquisición por donativo muestra deficiencias como “la omisión de determinados casos de la Orden Ministerial de aceptación” exigida por la Ley del Patrimonio Histórico Español, “la falta de criterios establecidos sobre la relevancia de las donaciones” y “la falta de constancia de los criterios de valoración aplicados”.

En el último caso, el de la adquisición por canje, se halla también “la falta de constancia de los criterios de valoración de los ejemplares ingresados” y “la omisión de valoración de los ejemplares entregados a cambio”.

Procedimientos de conservación inexistentes

Las actividades de conservación de los fondos bibliográficos -un punto fundamental en cualquier Biblioteca-, brillan por su ausencia en la Nacional. Si bien respecto al Plan de Conservación y Acceso al Documento “no hay constancia de seguimiento sistemático del cumplimiento de los objetivos establecidos, lo que representa una debilidad de control interno”, cabe destacar también que el proyecto de digitalización masiva de los fondos iniciado en el año 2008 no contó con un plan previo de digitalización, “por lo que aspectos esenciales del mismo tuvieron que ser definidos a lo largo de su ejecución”.