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"MULTA" CONTABLE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (I)
Según una auditoría del Ministerio del Interior

Casi 1.000 millones de euros en sanciones de la DGT durante 2013 vuelven a alertar sobre el supuesto afán recaudatorio de sus multas

Noviembre 5, 2014

El importe resulta de sumar aquellas ya ingresadas (369.049.482,69 euros), y las pendientes de cobro (549.565.015,85 euros)
Si dividimos el monto total entre los españoles mayores de 18 años con derecho a conducir obtenemos una ratio de 24,22 euros por habitante en concepto de multas
Además de incumplir los principios de devengo y de imputación al presupuesto del ejercicio y el Plan General de Contabilidad Pública, resulta imposible conocer el importe de las multas que no llegan a ser recaudadas
Destacan también los problemas a la hora de contabilizar los activos de la DGT ya que los inventarios solo registran el 23,30% del inmovilizado intangible, el 38,07% del inmovilizado material y el 4,39% de vehículos


La sombra del afán recaudatorio sigue persiguiendo de cerca a toda acción emprendida desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Las adjudicaciones realizadas en el último año indican una preocupación ascendente en materia de control de velocidades e infracciones y una dejadez peligrosa en cuanto a protección de viajeros. A finales del ejercicio de 2013, el departamento dirigido por María Seguí publicaba las ayudas concedidas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico. En total, 450.000 euros para nueve Asociaciones, que contrastaban directamente con los 1,2 millones (más del doble), dirigidos en las mismas fechas a la empresa Etel 88 para el suministro de cinemómetros para usar desde aeronaves y sistema de captación de imágenes para helicópteros.

Precisamente, desde la implantación del helicóptero Pegasus en la campaña de la DGT, llueven multas desde el cielo. Su función tampoco se escapa a las críticas que apuntan a un negocio lucrativo. Algunas informaciones alertaban que, desde su puesta en marcha, en el verano de 2013, tan solo el 5,21% de las sanciones interpuestas se deben a motivos de exceso de velocidad. Una señal inequívoca del interés en hacer caja que muestra el Ministerio del Interior, a través de la DGT. Un sinfín de otras variables figura como causante de las multas.

Estas circunstancias y otras se han visto reflejadas en la “Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría”, recientemente publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE), por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, de quien depende la institución.

Más de 24 euros de media paga cada español por multas

Para comprender los ataques que recibe la DGT en cuanto a la supuesta productividad de sus multas (en lugar de su finalidad correctiva), solo hay que atender a la gestión que hace de las mismas. En total, en 2013 se han contabilizado 369.049.482,69 euros de ingresos por sanciones y, según datos facilitados por el organismo, el importe de las sanciones firmes y pendientes de cobro -no contabilizado-, se dispara hasta los 549.565.015,85 euros (entre tramitación de cobro y deuda no admitida por la Administración Tributaria). En total hablaríamos de 918.614.498,54 euros (casi 1.000 millones de euros), que la DGT habría impuesto como sanciones a lo largo de 2013.

Tomando la población mayor de 18 años con derecho a conducir -37.924.152 personas-, y suponiendo que todos ellos lo hagan, estaríamos hablando de una ratio de 24,22 euros por conductor en categoría de multas. Muchos, demasiados, para no sospechar del afán recaudatorio.

El principal problema estriba en que el organismo no reconoce ni aplica a sus ingresos los derechos de cobro de las multas “en el momento de dictar el acto administrativo de liquidación de la sanción económica” sino que solo las contabiliza cuando son pagadas por el infractor y cobradas por la Administración. Así, además de incumplir los principios de devengo y de imputación al presupuesto del ejercicio y el Plan General de Contabilidad Pública, resulta imposible conocer el importe de las multas que no llegan a ser recaudadas.

Los inventarios fantasmas

La auditoría realizada sobre la DGT no ha podido “comprobar la existencia, composición y correcta valoración de muchos de los activos registrados contablemente en su inmovilizado material e intangible ya que no existe un inventario completo de los bienes y derechos del organismo”. Los inventarios disponibles solo registran el 23,30% del inmovilizado intangible, el 38,07% del inmovilizado material, y el 4,39% de vehículos (al no incluir ni los helicópteros ni los elementos adquiridos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil).