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De nuevo se levanta la polémica sobre la conveniencia o no de una renuncia de doña Cristina al uso de su cualidad de alteza

Casa Real: transparencia y juego de cifras

Febrero 7, 2014
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Con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín instalados en los Apartamentos Victoria de Barcelona, propiedad de dos notables familias de la nobleza catalana, ya ha comenzado la cuenta atrás para la declaración de la infanta y las voces se levantan por todas partes al tiempo que continúan los lamentos por las malas bodas de los hijos de los reyes, pues hasta una dama de la buena sociedad catalana nos recuerda como doña Cristina dejó pasar al difunto Álvaro Bultó y a otro joven de la aristocrática familia catalana Sentmenat. Todo ello sumado a las últimas manifestaciones de transparencia por parte del palacio de la Zarzuela, que vuelven a dar lugar a interpretaciones maniqueas en las que a veces de forma intencionada o por falta de información veraz se imputan a la familia real los gastos de mantenimiento de los reales sitios de Patrimonio Nacional, de cuya gestión no se encarga la casa del rey sino la propia institución. Reales Sitios que no son propiedad del rey, que es un mero usufructuario, sino que pertenecen al estado, que tendrían que mantenerse en todos los casos ya fuese monarquía si o monarquía no, y que además generan sus propios ingresos (visitas a los reales sitios, tiendas de Patrimonio, etc) ya que los reyes no hacen uso mas que del relativamente pequeño palacio de la Zarzuela (mucho menor que cualesquiera de los palacios reales de Europa) y que Marivent no pertenece a Patrimonio Nacional. Cabe, por tanto, separar las cosas y que la transparencia sea aún mayor incluso para beneficio de la corona, pues  solo eso permitirá saber a ciencia cierta cuál es el costo real del mantenimiento de la familia real y de la corona.

Punto álgido de la crisis de la familia real

Nos encontramos en el punto álgido de esta enorme crisis por la que pasa la familia real, y que refleja de forma clara esa otra crisis institucional por la que pasa el país y cuyos orígenes están en como se hicieron las cosas durante la Transición, cuando por interés de todos se pasó por encima de muchas cosas y quedaron por desarrollar muchos aspectos relativos a la familia real, a sus funciones, a su dotación, y a sus responsabilidades. Y de nuevo se levanta la polémica sobre la conveniencia o no de una renuncia de doña Cristina al uso de su cualidad de alteza real y de infanta de España, que hubiera sido un acto de gran carga simbólica que, culpable o no, hubiera facilitado mucho las cosas pudiendo recomponerse después caso de salir airosa de este trance. Muchas son las monarquías europeas que parecen haber quedado atrapadas en esa nueva idea de la profesionalización de las personas reales, que salvo en el caso de la monarquía británica (sostenida por su enorme aparato simbólico) y de las monarquías de Holanda, Dinamarca y Suecia (que no han renegado de sus vistosas tradiciones históricas) está haciendo un enorme daño al imaginario colectivo que está en la base del uso de una institución que es eminentemente representativa y simbólica, porque no se puede ser rey o príncipe a horario parcial o solamente por la percepción de un salario.

Asignaciones reales

Una idea funcionarial que parece estar claramente instalada en el seno de la familia real belga uno de cuyos miembros, el príncipe Laurent, declaraba en días pasados que la reducción de las apariciones públicas y de la asistencia a actos de representación de él mismo y de su esposa la princesa Claire se debe a la reducción de su dotación económica tras el advenimiento al trono de su hermano el rey Felipe. Como el propio Laurent ha declarado, “si recibo menos dinero, el país también recibe menos de mi parte”, pues él no parece perdonar que su lista civil se haya reducido desde los 307.000 euros de hace tan sólo dos años a los 90.000 que percibe actualmente. Cifras que sorprenden poderosamente si comparamos lo que este segundón que ya ha causado graves problemas en el pasado cobra del estado belga con las percepciones ahora establecidas para doña Sofía (una reina consorte en ejercicio con 131.739 que incluyen gastos de representación), para doña Letizia (esposa del heredero y perceptora de 102.464 euros incluidos gastos de representación), y para doña Elena (25.000 euros para gastos de representación y sin salario personal). Todo ello sin olvidar las quejas reiteradas del rey saliente Alberto de Bélgica, que meses atrás también se lamentó amargamente de la reducción de su lista civil (actualmente cercana al millón de euros), y de tener que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de su nueva residencia que es el palacio de Stuyvenberg. Una actitud bien contraria a la de esa otra reina saliente que es Beatriz de Holanda, que se ha retirado tranquilamente a su nueva casa en el palacio de Drakensteyn sin emitir queja alguna pues es bien conocida la histórica opulencia monetaria de la casa de Orange. ¿Y qué decir de Inglaterra donde la reina Isabel y el príncipe Gales además de percibir una lista civil del estado son los usufructuarios de todas las jugosas rentas producidas por los ducados de Láncaster y de Cornualles sin que ello levante queja alguna?

Ricardo Mateos