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Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, percibirá una “indemnización” compensatoria de 208.243 euros cuando deje su puesto político

Octubre 5, 2015

Durante dos años percibirá su sueldo de Magistrado, que dividido en doce pagas será de 8.833 euros, más una indemnización mensual -por doce pagas-, de 8.670 euros. Quiere decir que Carlos Lesmes percibirá un montante global mensual durante dos años de 17.503 euros. La Ley 74/1980 (Artículo 10.5), que ni el PP ni el PSOE han querido derogar hasta ahora, le permite llevarse un importante sobresueldo a casa; un privilegio que también tiene el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y los otros once magistrados del Alto Tribunal

carlos lesmes

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, tiene derecho a percibir nada más dejar su puesto político, y durante un plazo máximo de dos años, una indemnización compensatoria equivalente al 80% de sus retribuciones (como presidente cobra 130.152 euros brutos al año); es decir, percibirá una especie de sobresueldo de 208.243,2 euros, sólo por dejar su puesto oficial, al que fue nombrado a proposición del partido gobernante, el Partido Popular.

La Ley que permite esta escandalosa situación data de 1980, y no se ha sido derogada hasta ahora ni por el Partido Popular ni por el PSOE. Se trata de la Ley 74/1980 (de 29 de diciembre; Artículo 10.5), que en su disposición Primera dice: “Todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y uno tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado. Esta pensión indemnizatoria es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia”.

Un montante global mensual durante dos años de 17.503 euros

Se da la circunstancia que cuando Carlos Lesmes cese, volverá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, donde dispone de despacho en la tercera planta. Y ganará como Magistrado la cantidad de 106.922,96 euros brutos al año (23.229,66 euros menos que cuando era presidente del Supremo). Pero una cifra a la que habrá que sumar la indemnización por dejar el puesto de presidente del CGPJ. O lo que es lo mismo: durante dos años percibirá su sueldo de Magistrado, que dividido en doce pagas será de 8.833, más una indemnización mensual (por doce pagas) de 8.670 euros. Quiere decir que Carlos Lesmes percibirá un montante global mensual durante dos años de 17.503 euros. Un sueldo que desearía un español de a pie, que ni siquiera consigue eso anualmente.

Precisamente, en el CGPJ sólo existe una indemnización por abandono de cargo, la que corresponde al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por su condición de ex alto cargo del Estado. El argumento esgrimido es que la voluntad de la Ley es reconocer a los cargos que han cumplido su mandato o se han visto abocados a dejarlo antes por razones justificadas.

El patrimonio oficial de Lesmes

Según la página de transparencia informativa del Consejo General del Poder Judicial, su presidente Carlos Lesmes Serrano, tiene un patrimonio de bienes inmuebles por valor catastral de 321.839,10 euros; es decir, que si se hace lo mismo que en las Notarías, en las se suele multiplicar por tres este valor catastral, el patrimonio inmobiliario del magistrado Lesmes sumaría la cantidad de alrededor de un millón de euros.

También se indica que en la página de transparencia del CGPJ que dispone de depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otras imposiciones, por el simple valor de 7.000 euros. Mientras que en acciones y participaciones en el capital social o en el Fondo Patrimonial de I.I.C. negociadas ya asciende a 104.000 euros. No tiene, sin embargo, acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas, ni ningún seguro de vida. Valorando los demás bienes y derechos de contenido económico en 15.000 euros. Mientras que su pasivo asciende a 75.139 euros.

Lo mismo sucede con el presidente del Constitucional

Este insólito privilegio de cobrar una pensión indemnizatoria también lo disfruta el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que gana más o menos lo mismo. Como también los otros 11 magistrados que componen el Alto Tribunal, que nada más abandonar su “cargo político” perciben esta indemnización compensatoria, además de recibir su sueldo oficial en el puesto correspondiente que retoman.

Una indemnización que sin embargo no tienen por dejar su cargo ni los 17 Presidentes de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, ni los cinco Presidentes de Sala del Tribunal Supremo. En los Presupuestos Generales del Estado de 1987, las pensiones indemnizatorias se extendieron también al Defensor del Pueblo y al Fiscal General del Estado. En 2001, estas prebendas se añadieron a su vez para los adjuntos al Defensor y, en la ley de 2009, para los consejeros permanentes del Estado.

Otros privilegiados

Antes de Carlos Lesmes, como presidentes del Tribunal Supremo y del CGPJ, gozaron también de este privilegio los magistrados Carlos Federico Sainz de Robles,  Antonio Hernández Gil, Pascual Sala, Javier Delgado Barrio y Francisco Hernando. El que no lo disfrutó fue Carlos Dívar, que renunció a ello por el escándalo público que motivó su salida del cargo por despilfarrar, en otros puntos, el dinero que le correspondía por viajes. Así, Dívar cargó al presupuesto del Consejo los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y atenciones protocolarias a otras autoridades. Por ejemplo, gastó hasta 2.357 euros en uno solo de los 32 viajes de fin de semana.

Hay que recordar que Carlos Dívar sí intentó recibir la indemnización de más de 208.000 euros que le corresponde por su condición de ex alto cargo del Estado. Incluso, la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ respaldó la reclamación de Dívar, pero con los votos mínimos de tres sobre cinco. Divar llegó a presentar un escrito en el Consejo, cuatro días antes de que su dimisión fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado, para que el CGPJ le reconociera la pensión indemnizatoria prevista en la ley 74/80. Finalmente la presión pública dio al traste con sus pretensiones.

Ya en 1999, Izquierda Unida presentó una proposición de Ley para desentrañar de una vez el “maremagmun legislativo” que regula las pensiones e indemnizaciones de los altos cargos de la Administración del Estado. La proposición ni siquiera fue tomada en consideración. Como tampoco en las legislaturas siguientes.

Hoy más que nunca es necesario clarificar quiénes pueden percibir estos “sobresueldos” y limitar los privilegios económicos desorbitados que pueden llegar a alcanzar estas mensualidades, que contrastan con los esfuerzos que por parte del Gobierno de Mariano Rajoy se pide a la ciudadanía para reducir el déficit presupuestario.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho