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LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE COSTA A COSTA (V)
El 85% de su población se concentra en la franja litoral

Cantabria ha urbanizado o desecado la mitad de los estuarios y zonas intermareales

Julio 20, 2010

La Administración autonómica ha fomentado la construcción de urbanizaciones y puertos deportivos

El Ministerio de Medio Ambiente tan sólo delimitó el 10% del dominio público marítimo-terrestre de su costa hasta 2005

Vertidos directos industriales y urbanos a las rías y sobreexplotación de sus recursos pesqueros y marisqueros otro de sus graves problemas


El litoral cántabro presenta un estado de conservación desigual, con tramos privilegiados que se alternan con otros donde predominan rasgos más propios de latitudes mediterráneas, con zonas costeras fuertemente urbanizadas, agresiones a espacios protegidos en el litoral y puertos deportivos que no han cesado de crecer.

Las autoridades cántabras promocionan turísticamente esta provincia por sus valores naturales, paisajes espectaculares y sus playas de arena fina. Pero año tras año, la situación del litoral cántabro ha ido empeorando. La Administración autonómica ha actuado como uno de los principales agentes de esta degradación ya que ha ido fomentando su urbanización y la construcción desmedida de puertos deportivos.

El escaso valor que se le ha otorgado a la costa se ha traducido en políticas irracionales que han permitido desmanes urbanísticos en su litoral, auspiciados por la pasividad del Ministerio de Medio Ambiente, que tan sólo había delimitado el 10% del dominio público marítimo-terrestre de su costa hasta 2005 (17 años después de la aprobación de la Ley de Costas). El resultado: en 2008 se había rellenado con hormigón y desecado aproximadamente el 50% de los estuarios y zonas intermareales. De esta manera se ganó suelo al mar para usos agropecuarios, urbanísticos, industriales y para infraestructuras de transporte.

Urbanización desmesurada

La urbanización ha avanzado ligada especialmente al turismo residencial. En 2005 la construcción creció un 37% respecto al año anterior, concentrándose esta actividad en Santander, Piélagos o Castro Urdiales. Prácticamente en toda la costa cántabra, desde Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera, se construyeron ese año viviendas destinadas al turismo residencial. La apertura de la autovía del Cantábrico y de varios tramos de la de La Meseta potenciaba las nuevas construcciones. Cuatro urbanizaciones, con campo de golf incluido, estaban ese año pendientes de aprobación en el litoral. Un año después, cerca del 20% de su primer kilómetro de costa ya estaba urbanizado y la tendencia continuaba a tenor de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) conocidos.

De hecho, en 2007 se proyectaron 51.576 viviendas en la costa. El elevado grado de ocupación se ha traducido en una reducción drástica de los espacios costeros, que se encuentran gravemente amenazados. Algunos municipios del litoral cántabro han emulado a los de la Costa del Sol y han urbanizado fuertemente su territorio, invadiendo la franja costera y espacios protegidos.

Sin protección adecuada

Teóricamente de los casi 300 kilómetros de costa que tiene Cantabria, 134 están protegidos. Pero la mayoría de estos espacios no han gozado de una protección adecuada y son numerosas las actividades humanas que les han afectado durante esta última década.

Algunos ejemplos del acoso que han sufrido las zonas protegidas, van desde los proyectos urbanísticos de hasta 350 chalés, un hotel de lujo y un campo de golf en San Vicente de la Barquera que han afectado al Parque Natural de Oyambre o la aprobación en 2002 de la construcción de 123 chalés en el Parque Natural de las Dunas de Liencres por la Comisión Regional de Urbanismo que vulneraban la Ley del Suelo y la de Costas.

A mediados de 2009, como resultado de esta urbanización de espacios protegidos o en lugares donde los intereses privados han primado sobre el interés general, así cuatro de los seis Espacios Naturales Protegidos de la costa estaban amenazados por la construcción de 400 viviendas, dos puertos, un campo de golf, un polígono industrial y un parque temático.

Más de 1.000 viviendas ilegales

Las construcciones en espacios protegidos no son más que un reflejo de la urbanización salvaje, plagada de violaciones a la legalidad ambiental del litoral de Cantabria. Prueba de ello es que, en sus 284 kilómetros de costa, se acumulan más de un millar de viviendas con sentencias de derribo por ilegalidades medioambientales. Los planes de urbanización masiva, que alcanzaban su cénit en 2007, iban acompañados de la ilegalización de muchas viviendas. Durante ese año, el urbanismo en Cantabria estuvo salpicado de sentencias que ilegalizaban diferentes promociones urbanísticas en Arnuero (144 viviendas), Argoños (274 chalés en diez urbanizaciones), Escalante (un bloque de 32 pisos), Miengo (un bloque de 20 apartamentos), Piélagos (88 chalés en cuatro urbanizaciones, 398 viviendas en el Alto del Cuco). En San Vicente de la Barquera una sentencia del Tribunal Supremo confirmaba la ilegalidad del Plan Parcial de Santa Marina para construir 350 viviendas y un hotel dentro del Parque Natural de Oyambre, que finalmente no llegaron a hacerse. También en la playa de Usgo (Miengo) el Supremo impidió la construcción de 253 viviendas. Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló un plan parcial para urbanizar terrenos incluidos en la zona de protección del litoral del Plan de Ordenación del Litoral en Cabo de Ajo.

De poco o nada sirven estas sentencias, como demuestra el caso del Parque Natural de Oyambre. A pesar de que en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un nuevo deslinde que declaraba ilegal el campo de golf construido sobre las dunas del Parque Natural, el campo sigue plenamente operativo en 2010. El Gobierno regional no hace nada por perseguir estos hechos y castigarlos con contundencia.

Pero el de las dunas de Oyambre no es el único caso. En 2006 varias sentencias del Tribunal Supremo anularon los PGOU de Alfoz de Lloredo, de Santa Cruz de Bezana, Polanco y de Colindres, entre otros. Sin embargo, ayuntamientos como el de Piélagos, con 500 viviendas con sentencia de derribo, se niegan a cumplir con la Justicia. En 1998 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) promulgó contra este consistorio una sentencia firme, ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo. Recientemente, un auto del TSJC exigía al alcalde que en el plazo de seis meses concluyese la demolición de 17 chalés construidos a 20 metros de la playa de Cerrias (Liencres) y que incumplían todos los requisitos que exige la Ley del Suelo. El auto advierte de que, de lo contrario, imputará al alcalde por delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.

En 2004 se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria, que pretendía poner freno a esta destrucción y a la especulación urbanística, especialmente patente en el litoral occidental. El POL afecta a una tercera parte de la comunidad autónoma, 37 municipios costeros que soportan una gran presión demográfica y urbanística debido a su carácter turístico. Pero no ha puesto fin a la destrucción. La franja costera necesita un plan de protección que vaya más allá de la ordenación urbanística y conceda el valor adecuado a los espacios costeros. Este plan ha permitido todo tipo de usos y construcciones: paseos marítimos; instalaciones deportivas y de ocio; campos de golf; naves industriales; carreteras… Paradójicamente, justo antes de su aprobación, el Gobierno de Cantabria planteó la creación de más de 3.500 nuevos atraques deportivos repartidos.

Puertos deportivos

Los puertos, que actúan como auténticas barreras impidiendo la deposición de la arena en las playas, han sido y son una fuente de contaminación constante.

Cuando en 2005 el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias se encontraba en fase inicial de redacción, ya preveía la construcción de casi 4.000 amarres, sin estudio alguno que justificase tanta infraestructura. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente informó entonces de los riesgos ambientales y económicos del plan, cuyas principales actuaciones se concretaron en Laredo, Castro Urdiales, Santoña, Colindres, Pedreña, Suances, San Vicente de la Barquera y Comillas. Es decir, el plan contemplaba la ejecución de obras cuyos trámites administrativos comenzaron antes de su publicación (como en el caso de Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera), o de obras ya licitadas (como las de Laredo), sin esperar a que se resolviese el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental del conjunto del plan en aplicación de la Ley 9/2006. En 2009, tras la construcción de muchos de estos atraques, se anunció una nueva inversión de 266 millones de euros de dinero público en unas infraestructuras de uso minoritario.

Estos datos deberían hacer reflexionar primero y actuar en consecuencia después para emprender nuevas actuaciones en el litoral ya que una de las mayores amenazas para el litoral cántabro es el cambio climático. Según un estudio publicado en 2007 por la Universidad de Cantabria para el Ministerio de Medio Ambiente, una de cada cinco playas cántabras desaparecerá como consecuencia del ascenso del nivel del mar debido al cambio climático. Se trata de las playas denominadas confinadas y que están limitadas por acantilados o estructuras artificiales (paseos marítimos, diques, espigones) que restringen o impiden su desplazamiento hacia el interior o a los lados. En longitud de costa, esta pérdida se traduce en 12,15 kilómetros, más del 46% de los 23,37 kilómetros de playas que tras estos años de destrucción deben amortiguar la subida del nivel del mar.