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Ministerio de Trabajo entre 2007 y 2010

Caldera, Corbacho y Gómez concedieron hasta 2.005 millones de euros en subvenciones sin verificar que los beneficiarios no tuvieran prohibida su recepción

Marzo 26, 2012

Fueron admitidas solicitudes presentadas fuera de plazo

Hubo ausencia de comprobaciones complementarias sobre determinados aspectos que influyen en la evaluación de los requisitos previos exigibles, así como en la valoración posterior de las solicitudes recibidas

Los criterios utilizados por el equipo técnico para otorgar las subvenciones no estaban baremados, lo que impedía una valoración homogénea


Para el Ministerio de Trabajo que dirigieron entre 2007 y 2010 Jesús Caldera, Celestino Corbacho y Valeriano Gómez 2.000 millones de euros, el 0,2% del PIB, no debía ser importante. Quizá por ello, hemos acabado con un déficit desbocado y tener que sufrir graves recortes.

Así, extraconfidencial.com ya informó en su edición de ayer sobre las graves deficiencias en el control de estas ayudas millonarias para la integración de los inmigrantes, pero estas ya empezaban en el momento de su evaluación y concesión hasta puntos realmente escandalosos.

El más importante es no exigir la declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones. Es decir podían recibir estas suculentas ayudas organizaciones que tengan deudas con Hacienda, Seguridad Social o haber cometido ilegalidades con otras subvenciones. Y es que incluso, se permitían que solicitudes presentadas fuera de plazo que fueron admitidas en el proceso de evaluación y valoración, y que resultaron incluso adjudicatarias de subvenciones cuando esto podría constituir una de las causas de anulabilidad de los actos administrativos, previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dar ayudas sin sabes si pueden cumplir su objetivo

Tampoco se realizaron comprobaciones complementarias sobre determinados aspectos que influyen en la evaluación de los requisitos previos exigibles a las entidades y a los programas, así como en la valoración posterior de las solicitudes recibidas. Aspectos tan importantes como la participación social y voluntariado, adecuación de los recursos humanos a los proyectos presentados o cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas anteriormente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Es decir si pueden o no cumplir por lo que recibieron tantos miles de euros.

Y es que la falta de control es tan grande que incluso ni se actualizaban evaluaciones de convocatorias anteriores del propio Ministerio de Trabajo.

Arbitrariedad en la concesión

Mientras en la convocatoria de ayudas de ese trienio, la valoración fue más que deficiente. DE hecho, los criterios utilizados, por el equipo técnico, en la valoración de las solicitudes, tanto de las entidades solicitantes como de los programas para los que se solicitaba la subvención, no estaban baremados, lo que dificulta una valoración homogénea por cada uno de los técnicos de evaluación, con la consiguiente repercusión en la equidad y transparencia que deben presidir el proceso de valoración.

De hecho, no existe un Manual Interno de Procedimiento en el que se expliciten, cómo deben aplicarse los criterios de valoración.

La inexistencia de criterios de valoración suficientemente baremados otorga un manifiesto grado de discrecionalidad al órgano concedente de las subvenciones, lo que puede dar lugar a riesgos de incumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que deben presidir la gestión de las subvenciones públicas. Y todo ello teniendo detrás un Ministerio de Trabajo que debería dar ejemplo.