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Descoordinación entre el Gobierno balear y el Ministerio de Sanidad

Baleares apuesta por su propia tarjeta sanitaria mientras la ministra Mato anuncia la implantación de una única para toda España

Febrero 7, 2012

El nuevo documento le costará a cada ciudadano 10 euros

La iniciativa del Ejecutivo de José Ramón Bauzá cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros


El pasado 1 de febrero, el mismo día que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunciaba su intención de instaurar antes de que acabe el año una tarjeta sanitaria unificada que sea válida en todas las comunidades autónomas, Baleares hizo pública su iniciativa de implantar en su territorio su propia tarjeta para este fin. L Comunidad Autónoma que preside José Ramón Bauzá, farmacéutico de profesión, ha convocado la licitación pública para la implantación, expedición y distribución de una nueva tarjeta sanitaria con chip de seguridad, banda magnética y foto del usuario.

El presupuesto de esta oferta, para el que las empresas interesadas deberán acreditar una experiencia demostrada en otros contratos similares, como “proyectos de implantación de tecnología en Identificación por Radiofrecuencia (RFID), sistemas informáticos de gestión relacionados con RFID, puesta en marcha de tarjetas de identificación y sistemas de bases de datos y su análisis de información”, es de 4.994.559 euros.

¿Descoordinación?

Con estas dos iniciativas, la nacional y la balear, se pone de manifiesto una posible descoordinación entre el Ministerio de Sanidad y la comunidad autónoma que dirige Bauzá, presidente autonómico que pertenece a la mima formación política que la ministra Mato, el Partido Popular de Mariano Rajoy.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Baleares, Antoni Camps, defendió la necesidad de crear esta nueva tarjeta sanitaria porque “servirá como herramienta para luchar contra el fraude que se produce en el sistema sanitario de salud pública” de esta comunidad autónoma, además de acceder de manera rápida y segura al historial clínico del paciente.

Según adelantó a finales del pasado año el Gobierno Balear, la nueva tarjeta sanitaria costará 10 euros a cada usuario, y su implantación total no se llevará a cabo hasta el próximo mes de mayo. Fuentes del Ejecutivo de Bauzá aclararon también que con el chip de seguridad, la banda magnética y la foto se facilita la identificación, se asegura que el uso de la tarjeta sea personal e intransferible y se evitan posibles fraudes, como que varios usuarios empleen la misma tarjeta”.

En este sentido, el chip con RFID permite acceder de manera segura, rápida y actualizada a la información clínica electrónica de la persona titular en cualquier lugar donde se disponga de un lector, siempre con su consentimiento o de quien actúe legalmente en su nombre, de acuerdo con la legislación vigente sobre la protección de datos.

A pesar de que hasta que se celebre el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad, el tema de la nueva tarjeta sanitaria unificada para todo el territorio nacional no se tratará a fondo. La ministra Mato adelantó el pasado 1 de febrero que su implantación se llevará a cabo “en el plazo más breve posible”, y confió en que el proyecto sea una realidad “para fin de año”.

Un asunto de voluntad política

Según la titular de Sanidad, el ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los medios tecnológicos de los que dispone para crear la nueva tarjeta, y precisó que el presupuesto sanitario “siempre es el mismo”, por lo que el éxito de la iniciativa depende más de la voluntad política de los presidentes autonómicos, que en su gran mayoría pertenecen al Partido Popular de Mato.

En su alocución, la ministra se refirió también a otro de los grandes asuntos que ocupan a la sanidad española: el famoso copago. En este sentido, Ana Mato rechazó esta alternativa para financiar el sistema sanitario, y subrayó su intención de desarrollar “por primera vez” una cartera básica de servicios sanitarios para que “la sanidad esté garantizada de manera pública, gratuita, universal y de calidad para todos los españoles”.

En la misma línea que el Pacto de Toledo para las pensiones, la ministra aclaró que “la implantación de estos servicios básicos esenciales para los ciudadanos tiene como objetivo que la sanidad esté garantizada al margen de quien gobierne”.

Daniel Leguina