Menú Portada
Cambio radical tras la sentencia en su contra, dictada por el Juzgado número 3 de Cáceres, y que extraconfidencial.com publica en su integridad

AUSBANC, de defender las demandas colectivas a pasar ahora a apoyar las individuales, y olvidarse de las participaciones preferentes de sus “amigos”

Julio 23, 2012
pq_923_Caixa-Galicia-euros-oro.jpg

Ser juez y parte, es complicado, incluso, formalmente. Eso le pasó a AUSBANC, la asociación de Luis Pineda Salido, que buscó seguir viviendo por un lado de la publicidad de los Bancos y defender los intereses de los consumidores, dividiendo la asociación en dos, AUSBANC Empresas que gestiona sus cabeceras en los que principalmente los Bancos invierten y por otro lado AUSBANC Consumo, dedicada la defensa del consumidor. Esta estrategia, le sirvió de poco, ya que a los pocos meses AUSBANC fue expulsada del Registro de Asociaciones de Consumidores.

También somos prisioneros de nuestras palabras, y desde luego, Luis Pineda Salido, lo es. Cada año, AUSBANC entregaba unos premios (con excepción de este ejercicio), los llamados “Euros de Oro” (anteriormente “Duros de Oro”) en los que se premiaba a la mejor entidad financiera y mejor producto financiero, según Pineda, claro. Como debía ser muy difícil entregar sólo un par de premios al año, los premiados se fueron multiplicando año tras año, tras convertir cada gala anual en una auténtica retahíla de directivos recogiendo su galardón. Este fue el caso de la edición del 2009, año en el que Luis Pineda Salido, en su versión visionaria, felicitó al sistema financiero español afirmando que “nuestro sistema financiero es el mejor“, añadiendo que “es solvente y tiene el futuro asegurado“.

Caixa Galicia y José Luis Méndez

Tres años después, tenemos la realidad, un sistema quebrado que necesita la inyección de decenas de miles de millones de euros por parte de la Unión Europea. Pero no es lo único, en esa edición entregaba un premio al mejor producto financiero a Caixa Galicia, galardón que era recogido por el director general adjunto de la entidad, Juan Dapena Traseira. Y es que en ese año, la relación con Caixa Galicia era más que buena, como se demuestra la publicidad que la entidad entonces presidida por José Luis Méndez invertía en todo tipo de cabeceras del grupo editorial de Luis Pineda Salido, incluida la desconocida “Club de la Vida Buena”.

En estos tres años, han ocurrido muchas cosas, una de ellas, ha sido el estallido del escándalo de las Participaciones Preferentes, un producto tóxico colocado a miles de ahorradores y especialmente sangrante en el caso de NovaGalicia Banco, la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y CaixaNova.

Molestar lo menos posible

Hoy, José Luis Méndez es un jubilado de oro, y hay otra cúpula directiva a la que no se duda en apoyar desde AUSBANC dando desde su web “un mensaje tranquilizador a los clientes de Novagalicia Banco y mostrar nuestro apoyo a los nuevos gestores de la entidad José María Castellano y César González-Bueno que han demostrado sobradamente su capacidad gestora en todos sus proyectos anteriores”.

Y es que la realidad de NovaGalicia Banco, no se puede obviar, pero si parece que puede ignorar que otras entidades han colocado este producto de forma masiva, y se centra, no en la colocación de productos propios sino en su labor de “intermediario” como es el caso del Banco Santander “Las empresas –SOS Cuétara, Fenosa entre otras- no tienen capacidad para vender directamente sus preferentes y para ello necesitan contar con una red comercializadora como la de los bancos. En las dos últimas sentencias ganadas por esta asociación en Galicia los pasado 5 y 6 de junio, ha sido el Banco Santander”.

Pero no sólo eso, critica la opción del arbitraje, acuerdo extrajudicial por el que el cliente puede de forma más barata (sin pasar por la caja de la Asociación) conseguir una solución satisfactoria, y afirma que “En los casos de ‘colocación’ de participaciones preferentes, las demandas individuales son la única vía para ganar”.

¿Por qué no utilizar una demanda colectiva? Lo cierto, es que como informó hace diez días extraconfidencial.com, AUSBANC un juzgado de Cáceres impide que represente a usuarios que no sean sus asociados en una demanda contra Telefónica. ¿Cambio de opinión? ¿Por qué aplica unos criterios distintos? Pueden ver ustedes la sentencia, y opinen.

SENTENCIA NUM. 98/2012
En CACERES, a nueve de julio de dos mil doce
 

La Sra. Dña. MARIA LUZ CHARCO GOMEZ, MAGISTRADO-JUEZ de Primera Instancia nº 3 de CACERES y su Partido, UPAD NUM. 3 , habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO NUM. 489 /2009 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante la ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO) representada por el Procurador SR. CRESPO CANDELA y de otra como demandadas TELEFONICA S.A. representada por la Procuradora SRA. COLLADO DIAZ , TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y TELEFONICA MOVILES S.A. representadas por el Procurador SR. CAMPILLO ALVAREZ , y,

 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
 

PRIMERO.- Por el Procurador SR. CRESPO CANDELA en nombre y representación de ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO) se interpuso demanda de juicio ordinario frente a TELEFONICA S.A., TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y TELEFONICA MOVILES S.A. en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes, terminaba con la súplica de que tras los trámites legales oportunos se dictase sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.

 

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda por resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, se acordó el emplazamiento de las demandadas para que en el plazo de veinte días contestasen a la demanda, lo que efectuaron mediante escritos presentados por el Procurador SR. CAMPILLO ALVAREZ   en fecha veintitrés de julio de dos mil nueve en nombre y representación de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. y TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y por escrito presentado en igual fecha por la Procuradora SRA. COLLADO DIAZ en nombre y representación de TELEFONICA S.A., escrito este último en el que se formulaba reconvención, de la que se dio traslado a la actora por el plazo de veinte días y una vez contestada esta por escrito presentado en fecha uno de octubre de dos mil nueve por el Procurador SR. CRESPO CANDELA, por resolución de fecha seis de octubre de dos mil nueve se señaló audiencia previa para el día veinte de abril de dos mil diez, señalamiento que se suspendió y señaló nuevamente para el día veintiuno de septiembre de dos mil diez ,acto que se celebró en dicha fecha y al que comparecieron las partes; tras el trámite de proposición y admisión de prueba se dio por terminado el acto . Por resolución de fecha quince de octubre de dos mil diez se señaló juicio para el día quince de septiembre de dos mil once , acto que fue suspendido y señalado nuevamente por resolución de fecha once de octubre de dos mil once para el día diecisiete de enero de dos mil doce , siendo celebrado en dicha fecha y   grabado en el oportuno soporte audiovisual,   quedando seguidamente los autos sobre la mesa de esta proveyente para dictar sentencia.

 

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia por las causas penales urgentes tramitadas en este Organo Judicial.

 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
 

PRIMERO.- Por la demandante en el presente procedimiento, ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO), se formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la LEC, demanda de juicio ordinario, ejercitando acción en defensa de los derechos e intereses de los Consumidores y Usuarios, contra TELEFONICA SA, TELEFONICA DE ESPAÑA SAU y TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU. La pretensión indemnizatoria deducida, cuyo contenido se contrae a los cuatro pronunciamientos de condena que se contienen en el Suplico de la demanda, se apoya y trae causa en la interrupción del servicio de telefonía fija, móvil y de ADSL durante los días 19 de octubre, 29 de noviembre y 21 de diciembre de 2007 en Extremadura.

 

Frente a ello, las codemandadas TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU y TELEFONICA DE ESPAÑA SAU oponen, con carácter previo, falta de legitimación activa de la actora al haber sido excluida del libro registro del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuestionando, la primera de las codemandadas citadas, de manera puntual y específica, la legitimación activa de la demandante al entender que la acción que se ejercita en esta causa es incardinable en el art. 11.3 y no en el 11.2 ambos de la LEC. Con carácter general y de forma sintética ambas codemandadas aducen, con relación a la cuestión de fondo, la existencia de fuerza mayor, la incorrecta aplicación de la normativa sectorial por parte de la demandante, el cumplimiento contractual de sus obligaciones (indemnización automática) y abuso de derecho. Por su parte, la también codemandada TELEFÓNICA SA opone –sólo y exclusivamente- falta de legitimación pasiva, aduciendo y afirmando que no es operadora de servicios de telecomunicación en ninguna de las modalidades a que se refiere el pleito, siendo una sociedad distinta a TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU y TELEFONICA DE ESPAÑA SAU. Pero además, y para el caso de que no estimase la excepción de falta de legitimación pasiva, formula reconvención contra AUSBANC CONSUMO en reclamación de la cantidad de 26.608,72€, importe éste a que ascendieron las cantidades satisfechas por       TELEFÓNICA SA en las Diligencias Preliminares 425/2008, de que trae causa el presente litigio.

 

AUSBANC CONSUMO se opuso a la demanda reconvencional esgrimiendo, en breve síntesis, el contenido y alcance del artículo 256.3 de la LEC con relación a la doctrina de los actos propios y doctrina del levantamiento del velo jurídico.

 
 

SEGUNDO.- Resulta obvio que la primera cuestión a dilucidar no es otra que la invocada excepción de falta de legitimación activa de AUSBANC CONSUMO, y que ésta, en defensa de la misma, residencia en los artículos 6 y siguientes de la LEC y en el cumplimiento de cuantos requisitos impone el artículo vigésimo bis de la Ley 28/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según redacción dada por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los consumidores y usuarios.

 

Pues bien, con independencia de que la citada legitimación se residencie en la Ley 28/1984, según redacción dada por la Ley 44/2006, o en el Texto Refundido aprobado por Real decreto legislativo 1/2007, pues éste incorpora en su contenido el del capítulo VI de aquélla, en particular los artículos vigésimo bis, vigésimo primero, vigésimo primero bis y vigésimo primero ter, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 y de lo Mercantil de Cáceres, de fecha 18/10/2011 (Autos de Juicio Verbal n.º 10/2011), resulta especialmente clara por el detallado y completo estudio que realiza de la cuestión, indicando, en el fundamento jurídico segundo, que “(…) Siendo la legitimación activa la posición jurídica habilitante para interponer una concreta pretensión y un presupuesto procesal de Derecho Público y que viene reconocida en la ley, bastando con afirmar ser titular de un determinado derecho subjetivo o estar en una determinada situación jurídica, se entiende que la legitimación de las asociaciones de consumidores para interponer acciones colectivas, se basa precisamente en una concreta situación jurídica, cual es ser, precisamente, asociación de consumidores y usuarios.

La “Ley general para la defensa de consumidores y usuarios” es el Texto Refundido aprobado por Real decreto legislativo 1/ 2007. El artículo 23 de dicha ley establece que son asociaciones de consumidores y usuarios las que: se constituyan como asociaciones según la Ley orgánica de asociaciones, que no tengan ánimo de lucro, que reúnan los requisitos específicos para ellas que recoge esta ley, sus normas de desarrollo y las normas autonómicas, en su caso, y que tengan como objeto la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, según sus estatutos.

Luego, el artículo 24 establece que las asociaciones constituidas con arreglo a “este título” son las únicas legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Seguidamente, señala que las asociaciones que no reúnan los requisitos exigidos en “este titulo” no representarán los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores o usuarios, aunque sí los de sus asociados o los de su asociación. Lo que parece contradecirse en el art. 37 c, que señala que las asociaciones deben estar inscritas no sólo para ejercer las acciones colectivas, sino para defender los intereses de la asociación y de sus asociados.

Este precepto, introduce el concepto de asociaciones representativas, que son las incluidas en el Consejo de Consumidores y Usuarios, pero limitándose su ámbito a las acciones en defensa de intereses difusos de consumidores afectados por un mismo hecho dañoso (art. 11.3 de la LEC).

La condición de asociaciones de consumidores y usuarios puede perderse (artículo 25) si incurren en alguna de las prohibiciones establecidas en la legislación en la materia.

Tienen especial relevancia las condiciones u obligaciones establecidas en el capítulo II del Título II del Libro I del texto refundido, que se resumen en: requisitos de independencia, requisitos o imposiciones contables o de transparencia, requisitos de participación en sociedades mercantiles y de publicidad.

Estos requisitos intrínsecos (constitución de la asociación y fines) y extrínsecos (garantía de que la asociación se comporte con transparencia, independencia y sometida a sus específicos fines), son condiciones insoslayables para acceder al Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Instituto Nacional de Consumo, si la asociación no tiene un ámbito autonómico o menor. Registro que se impone como un deber de dichas asociaciones (art. 33). A estos requisitos se les une la necesidad de cumplir con los requisitos mínimos de implantación, número de asociados y programas de actuación que se fijen reglamentariamente.

Conforme el artículo 35, la exclusión de dicho registro, en virtud de procedimiento sancionador, por incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley, impone la expulsión del registro del Instituto y por ende la condición de asociaciones de consumidores y usuarios durante el plazo establecido, sin perjuicio de la personalidad jurídica de dicha asociación como tal.

El artículo 37 señala que las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el registro del Instituto Nacional de Consumo tienen, entre otros derechos, (sin perjuicio de la mayor representatividad de otras), el de ejercer las acciones colectivas de cesación.

(…)

El artículo 22 de la CE establece, que las asociaciones deberán ser inscritas en un registro público, a los meros efectos de publicidad. En su párrafo cuarto se dice que sólo por resolución judicial motivada puede disolverse una asociación o suspenderse sus actividades.

El artículo 10 de la Ley orgánica reguladora del derecho de asociaciones, norma aplicable subsidiariamente para las asociaciones de consumidores y usuarios, que se rigen por su legislación específica, señala que las asociaciones deberán estar inscritas en un registro a los meros efectos de publicidad. Establece un régimen jurídico específico para las asociaciones no inscritas, que, sin perjuicio de otras opiniones distintas, es equivalente a otros fenómenos asociativos, aunque ontológicamente divergentes, como las sociedades irregulares. Es decir, la ley establece que con el acta fundacional la asociación adquiere plena personalidad jurídica, sin perjuicio de la necesidad de inscripción, de modo que si ésta falta, la asociación es responsable de las obligaciones contraídas con terceros, pero subsidiaria y solidariamente los asociados fundadores y los demás asociados, en su caso (apartado 4 del art. 10).

O lo que es lo mismo, la asociación legalmente constituida goza de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar (art. 5 de la Ley orgánica de asociaciones), concepto que coincide con lo previsto en el art. 11 de la LEC al regular la legitimación de las asociaciones.

Conforme este doble régimen jurídico, las asociaciones de consumidores y usuarios deben cumplir con los requisitos de la ley orgánica del derecho de asociación y para lograr el estatus de asociación de consumidores y usuarios, los de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

El hecho de que la Constitución señale que el registro es a los “meros efectos de publicidad”, según la doctrina no prohíbe al legislador establecer que dicha inscripción tenga un carácter constitutivo, inscripción por la cual adquiriría personalidad jurídica. Esta cuestión resulta superflua en este caso. Porque el que la inscripción sea a los meros efectos de publicidad, implica, según unánime opinión doctrinal, que la administración competente no efectúa un control de fondo sobre la asociación, sino meramente formal, de acuerdo con los requisitos constitucionales.

El texto refundido de la ley de consumidores y usuarios incorpora el contenido de los reglamentos que desarrollaban la anterior ley (que ya se operaba con la reforma introducida por la Ley 44/2006), de modo que el expediente jurídico de aplicar la jerarquía normativa ya no es posible.

El establecimiento de un doble registro (validado por el Tribunal Constitucional), incluido el que gestiona el Instituto Nacional de Consumo basado en el control por parte de la administración de una serie de requisitos materiales y conductas, es decir, fuera de meras cuestiones formales, ya no supone una mera inscripción a los meros efectos de publicidad, porque estar o no en dicho registro determina no ciertos beneficios específicos (entre ellos la “legitimación”), sino que la asociación constituida para la defensa de consumidores y usuarios lo sea, lo que afecta de lleno al fin para el que fue constituida y, por ende, a su propia estructura. Fuera de este registro la asociación es una mera asociación sin más, y sólo puede actuar en defensa de los intereses de sus asociados (parece negarlo el art. 37). El resultado es que una resolución administrativa es la que concede o establece, con arreglo a la ley general no procesal, la legitimación o falta de legitimación de una asociación para interponer acciones colectivas.

Por tanto, se entiende, que siendo firme la resolución administrativa por la cual se expulsa del registro a AUSBANC (y la sentencia del Juzgado central de lo contencioso que la confirmó, a pesar del recurso de amparo presentado), debe denegarse la legitimación activa a dicha asociación para interponer acciones colectivas y desestimar su concreta pretensión con efectos de sentencia absolutoria en la instancia. (…)”

 
 

TERCERO.- Ahora bien, en el caso nos encontramos con otro problema a resolver, pues la presente demanda se presentó con anterioridad a la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de octubre de 2010, por la que se confirmaba la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso administrativo n.º 3, siendo así que éste último juzgado había dictado Auto (de fecha 10/10/2006) suspendiendo cautelarmente la resolución administrativa de expulsión de AUSBANC del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, por lo que, en definitiva, la actora, al tiempo de presentación de la demanda y aunque fuera de forma provisional, temporal y condicional (a resultas de lo que sucediese en el litigio) ostentaba legitimación para el ejercicio de la presente acción. Se ha de examinar, por tanto, si, como sostiene y defiende la parte actora, opera el principio perpetuatio jurisdictionis o, por el contrario, como argumentan las codemandadas, durante el curso del proceso la demandante perdió su legitimación, lo que supondría, tal y como argumentó TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU en escrito de fecha 16/05/2011 (con cita de las resoluciones judiciales que en el mismo se contienen, particularmente la del Juzgado de lo Mercantil n.º 2, de 9 de enero de 2005), la terminación del proceso por carecer la demandante de interés legítimo.

 

La legitimación es, como ya se indicaba en el fundamento jurídico primero, presupuesto del proceso, en cuanto que es una de las condiciones de las que depende la posibilidad de que el juzgador pueda examinar el fondo del asunto. La legitimación se ha de tener en el momento inicial de la presentación de la demanda, y se ha de mantener a lo largo de todo el proceso; es una consecuencia del interés legítimo que tiene aquel que es titular de la relación jurídica o del objeto litigioso. Así, cuando se deja de tener ese interés legítimo por transmisión del objeto litigioso, el adquirente puede solicitar que se le tenga por parte (artículo 17 de la LEC), por ser quien ostenta la legitimación en virtud de la transmisión. Si deja de haber interés legítimo por circunstancias sobrevenidas se producirá la terminación del proceso (artículos 22 y 413 de la LEC). Tratándose de personas físicas, su defunción ocasiona la transmisión mortis causa de lo que sea objeto del proceso a las personas que sucedan al difunto, pero si sus sucesores no se personan, se tendrá por desistido al demandante y se ordenará el archivo de las actuaciones (artículo 16 de la LEC).

 

Pues bien, junto a esta legitimación ordinaria, la ley procesal establece también una legitimación extraordinaria a personas distintas de los titulares de la relación jurídica o del objeto litigioso, como es el caso de la que se confiere a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas para la defensa de los intereses colectivos y difusos. En estos casos, la posición habilitante para formular la pretensión no es la afirmación de la titularidad de la relación jurídica material, sino una autorización legal concedida por norma expresa. En otras palabras, la legitimación de la actora es una legitimación extraordinaria que le otorga la Ley no por ser titular de la relación jurídica o del objeto litigioso, sino en defensa de intereses colectivos, atribuyendo la ley a una persona jurídica la representación institucional del conjunto. Es una legitimación extraordinaria, y sólo existe en tanto ha sido conferida expresamente por la ley.

 

La demandante, en el presente proceso, no defiende un interés propio, sino los intereses generales de consumidores y usuarios. Este reconocimiento de legitimación se lo otorga la Ley, siempre que reúna los requisitos de constitución de la ley de asociaciones y los requisitos específicos de la normativa de consumidores y usuarios, que le facultan o habilitan para ejercer en juicio la representación de intereses de personas que carecen de una relación asociativa con ella (baste examinar la testifical practicada a instancia de la actora). De ahí que esta legitimación la confiera la Ley, en cada caso, condicionándola al cumplimiento de unos requisitos específicos. Cuando la asociación no cumple esos requisitos deja de tener legitimación, pues el interés legítimo en ese caso le viene atribuido por la Ley, consistiendo éste en la facultad de seguir eficazmente un proceso por un derecho o interés ajeno (los intereses generales). Y cuando esto sucede en el curso del proceso, el pleito queda sin parte legítima que sostenga la acción.

 

Ya se ha indicado en el fundamento jurídico anterior que el artículo 24 del Texto Refundido aprobado por Real decreto legislativo 1/ 2007, dispone que las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en este título son las únicas legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Por consiguiente, el proceso deberá terminar por inexistencia de parte actora legítima para el sostenimiento de la acción. La legitimación que se atribuye a las asociaciones de consumidores y usuarios no supone concesión de derechos subjetivos materiales, sino facultad de realizar el proceso sin pedir para ellas mismas, por lo que perdida esa facultad por incumplimiento por la asociación de los requisitos legales que la legitiman, el proceso no puede seguir adelante, pues es la ley la que determina quienes se encuentran en posición habilitante para pedir la actuación del derecho.

 
 

CUARTO.- La demandante pretende, con suma habilidad, pues lo vincula a la perpetuatio legitimationis (artículo 413 de la LEC) y con referencia a la litispendencia (artículo 410 de la LEC), hacer valer la resolución del Ministerio de Sanidad de fecha 16/03/2012 por el que se acuerda la inscripción de AUSBANC CONSUMO en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (escrito de fecha 10/04/2012), pero esta resolución administrativa no puede implicar una rehabilitación de una legitimación que la demandante sólo ostentaba con carácter provisional al inicio del procedimiento, que fue discutida y cuestionada de inicio por las dos codemandadas (TELEFONICA DE ESPAÑA SAU y TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU) que no fueron parte en las Diligencias Preliminares 425/2008, y que perdió durante el procedimiento con las consecuencias que se exponen en el fundamento jurídico anterior. El cumplimiento por la demandante de los requisitos legales que la legitiman o habilitan para ejercer en juicio la representación de intereses generales no se produce sino desde la precitada resolución administrativa de fecha 16/03/2012, por lo que sólo desde dicha fecha puede operar –respecto de ella- la autorización legal para formular la pretensión.

 

En materia de costas procesales no procede hacer un especial pronunciamiento, al estimar esta juzgadora que concurren dudas de derecho, de las que son claro exponente las resoluciones judiciales invocadas y citadas por una y otras partes procesales.

 

Vistos los precepto legales citados y demás de general y pertinente aplicación

 
 

F A L L O 

 
 

Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO), por falta de legitimación activa con efectos de sentencia absolutoria en la instancia. No se hace un especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte días, haciéndole saber la necesidad de constitución de depósito para recurrir en la forma dispuesta en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Dicho depósito se consignará en la cuenta número 1136 Banesto.

 
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.