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La incompetencia de la "Casta Complutense" en cuestiones económicas y judiciales

Aún supura uno de los mayores escándalos de la Universidad Complutense: las viviendas de Somosaguas

Mayo 6, 2014
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Durante años, la Fundación de la Universidad Complutense, regida por su rector actual, José Carillo,ha estado ligada al escándalo de las viviendas de Somosaguas, en Madrid. Extraconfidencial.com ha tenido acceso a un Informe Pericial de KPGM Asesores, S.L., encargado en su día por el Rectorado de la Complutense, cuando ocupaba este cargo Carlos Berzosa, para defenderse de un escándalo que le salpica desde hace años. El citado Informe Pericial nace por una demanda interpuesta por un Catedrático de la Complutense. La vivienda que le fue adjudicada tenía 129,63 metros cuadrados y su precio era de 191.049 euros, Cuando fue a firmar el contrato de adjudicación, su precio era de 322.358 euros. Él se negó a firmar el contrato, y exigió que el precio fuera el pactado en principio. La Fundación le ofreció devolverle el dinero que depositó inicialmente, pero él se negó y quería su vivienda al precio inicial. Por tanto, decidió demandar a la Fundación.

La Fundación Complutense encargó ese estudio a la Consultora KPGM para tener un soporte documental en el juicio. Perderlo, significaría que el resto de adjudicatarios exigirían lo mismo que el demandante, y la promoción le habría costado a la Fundación una cantidad de más de 50 millones de euros; es decir, los responsables de la Fundación creyeron que no podrían encontrar en la “Casta Complutense” personas preparadas para realizar el estudio.
 

Los muy discutible argumentos de la Consultora

 
La consultora basó su argumentación en dos aspectos:
 

a)    Que el precio que se le dio al demandante, fue orientativo. Pues, el precio final se calcula dividiendo el coste total entre el número de metros cuadrados de la obra, y después, multiplicando por los metros cuadrados de cada vivienda. Pero el coste total, solo se puede saber al final. Esto tiene toda la lógica, pero siempre que se produzcan incrementos razonables sobre la previsión de los costes, que podrían ser considerados inferiores al 10%.

 

b)   Que el precio final de la vivienda está dentro de los límites del mercado. Para ello existe un Informe Pericial que establece que el valor de mercado es superior al que se le ofrece a los adjudicatarios. Una cosa es el valor de mercado, y otra, el coste. La Fundación actúa sin ánimo de lucro, y esto significa que el precio de las viviendas se basa únicamente en el coste. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, el precio de la vivienda depende del coste y de las irregularidades, si las hubiere.

 
El argumento que utiliza la consultora es totalmente inadecuado, porque el precio de la promoción puede ser inferior al del mercado, y haber irregularidades. La consultora no investiga los costes y se limita a reflejar algunos costes en algunas tablas. Refleja lo que le parece, y no investiga nada a fondo. En la vivienda del demandante, la diferencia entre el precio previsto y el real, supone un incremento del 68,7 %.
 

Un coste final para los privilegiados de la Casta de 144,2 millones de euros

 
El coste total previsto de la obra a 31 de octubre de 2010 fue de 117,3 millones de euros. Pero el coste final fue, sin embargo, de 144,2 millones de euros. Esto supone un incremento en los costes del 22,9 %. La pregunta clave es: ¿Cómo es posible que, cuando aumentan los costes un 22,9%, el precio de la vivienda del demandante se incremente en un 68,7 %? Está claro que uno de los dos datos, o los dos, son falsos.
 

Al precio de la parcela, que se compró por 15,8 millones de euros en 2007, se le añaden dos conceptos más:

 

– Monetarización del aprovechamiento urbanístico (pago de una cantidad equivalente a la cesión de terrenos de los promotores al consistorio, generalmente un 10%) que supone 9,3 millones de euros.

 

Gastos de Urbanización exterior: 9,1 millones de euros

 

O dicho de otro modo: el precio del solar fue repercutido a los propietarios en 34,2 millones de euros. Estas dos partidas, que suman 18,4 millones de euros, son demasiado abultadas. Superan el precio de venta de la parcela. Habría que:

 
– Auditar los gastos de Urbanización –cosa que no hace la consultora- para comprobar que están dentro de los límites normales.
 
– Investigar por qué la Fundación llega al acuerdo de pagar 9,3 millones de euros (en concepto de monetarización), al Ayuntamiento, una cifra que parece desproporcionada. Esto tampoco lo investiga la Consultora
 
En “gastos varios” se destinan 3,5 millones de euros, que no se especifican

Los gastos de gestión, 9,6 millones de euros, parecen también demasiado elevados. Llama poderosamente la atención, que la Consultora, en los “gastos de escrituras”, que son 65.269 euros, detalle todas las partidas que lo componen. Sin embargo, en los gastos de gestión -que ascienden a 9,6 millones de euros-, no detalla partida alguna. También, encontramos en una tabla bajo el epígrafe “gastos varios”, una cantidad de 3,5 millones de euros, que tampoco especifica nada. Esto, cuando menos, resulta sospechoso.

Cuando se le ha preguntado sobre este punto, el Rector José Carrillo no quiere responder a la pregunta de qué ha ocurrido con esa plusvalía. En ese mismo presupuesto, hay pagados 22 millones de euros a los Bancos, que han salido de la caja de la Fundación de la Universidad. ¿Y cuánto han aumentado los intereses? No es extraño que las entidades financieras hayan patrocinado Cursos de Verano, Escuelas Hispanoamericanos y lo que muchos llaman «diversos chiringuitos». También hay que añadir aquí el pago a letrados en todo este pleito.
 

La Fundación de la Complutense favorece a los de mayor poder adquisitivo

 
La acción social de las Fundaciones/Empresas/Instituciones siempre tienen como finalidad favorecer/apoyar a los mas débiles. Pues bien, en la Fundación Complutense resulta al contrario. En la promoción, las viviendas que tienen más superficie construida, son el mayor porcentaje. Concretamente, el 75% de las viviendas tienen una superficie superior a 165 metros cuadrados. Por el contrario, las viviendas tipo B, que son las más pequeñas, sólo representan el 3,65%. Todo indica que el espíritu de la Fundación UCM es favorecer a personas con mayor poder adquisitivo.
 
Si se venden las 192 plazas de garaje no vinculadas a la vivienda, contribuyen a rebajar el precio de las viviendas; si no se venden, la Fundación las compra a precio de coste. Algo parecido sucede con el suelo urbanizable de la zona comercial, que adquiere la Fundación por dos millones de euros. Podemos afirmar que la Fundación puede acabar siendo propietaria de plazas de garaje y locales comerciales, estando estas actividades fuera de los objetivos para los que fue creada la Fundación.
 
A José Carrillo se le nombra Rector en Junio de 2011, y el documento está firmado en Abril de 2011. Por lo tanto, la «Casta Complutense» era incapaz de dar respuesta a los problemas económicos de la Universidad antes de Carrillo, y continúa mostrando incompetencia para solucionar los problemas económicos que tanto dependen de sus desmesurados privilegios.
 

Sin reparar en gastos: Servicios de asesoría jurídica “externos”

 
La «Casta Complutense» tampoco sabe atenerse a los gastos presupuestados. Como muestra, el edificio multiusos María Zambrano-Federico de Castro. Presupuestado en 3.000 millones de las antiguas pesetas, que pasaron a 9.000 millones y después se hablan de 15.000 millones. La Fundación lo deja en 8.000 millones. Pero la «Casta» practica la opacidad, profesores, PAS y estudiantes todavía no saben qué ha pasado con ese edificio.
 
Tampoco saben cuánto le pagó José Carrillo al anterior Jefe de la Asesoría Jurídica cuando le ha rescindido el contrato. Como prueba de la incompetencia de la Asesoría Jurídica, está el hecho de que, para dirigirla, hay que contratar a una persona de fuera. Se trata de Gabriel Navarro Azpiroz, abogado del Estado. Se estima que José Carrillo le paga alrededor de 95.000 euros al año. Algunas fuentes se preguntan como todavía se mantiene un silencio cómplice por parte de profesores, PAS y estudiantes. “¿No es como para llevarse las manos a la cabeza y preguntarse en manos de quiénes está la Universidad Complutense?”, se preguntan.
 
Además, la Asesoría Jurídica –que cuenta con 16 personas-, acude a los servicios de la Abogacía del Estado. Y en algunos casos, a abogados de determinados bufetes, convirtiéndose en un ente perfectamente prescindible para los servicios que presta. Saldría mucho más barato establecer un acuerdo con un bufete independiente de abogados. Son nuevos escándalos que salpican a la “Casta Complutense” y de los que seguiremos informando.
 
Juan Luis Galiacho