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Así utilizan los imputados del Caso Bankia el nuevo Código Penal de Rajoy para librarse por el uso de las “tarjetas black”

Septiembre 10, 2015
blesa rato

La reforma del Código Penal realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy que entró en vigor el pasado 1 de julio puede librar de responsabilidades penales a los que utilizaron de forma supuestamente fraudulenta las tarjetas black de Bankia, en concreto de la antigua Caja Madrid. Esa reforma ha sido ya utilizada por la defensa de Pablo Abejas, imputado por el uso de las Visas opacas. En un recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional se resume la estrategia que van a seguir los otros imputados, desde Miguel Blesa a Rodrigo Rato, para evadir las responsabilidades que estaban penadas por el anterior Código Penal; es decir, que con la reforma de Rajoy, lo que era un delito de “apropiación indebida” penado con cárcel puede no ser más que una falta de “distracción de dinero” y los implicados se podrían ir de rositas.

Pablo Abejas, quien fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre en Caja Madrid -y ahora imputado por el uso fraudulento de las tarjetas black, presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 que dirige el juez Fernando Andreu un recurso que no tiene desperdicio. Su alegación Sexta, sobre “La nueva redacción del Código Penal”, reproduce los razonamientos jurídicos realizados en el mismo sentido por la defensa del exsindicalista de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito, y que no son otros que aprovecharse de la nueva redacción del Código Penal que ha entrado en vigor el 1 de julio y que modifica el delito de apropiación indebida.

Extraconfidencial.com ha tenido acceso a ese recurso, en el que –grosso modo-, se señala que ya no hay delito de apropiación indebida en las tarjetas black, pese a que se gastaron en total 15,5 millones de euros entre los más de 80 imputados inicialmente, sino que se trata de una distracción de dinero y no de una apropiación y que, según la reforma del Código Penal de Rajoy, ya no hay delito de apropiación indebida cuando el dinero se distrae en lugar de apropiárselo.

Dicho de otra manera: los consejeros de las grandes empresas no roban, solo distraen dinero, lo cual ya no es delito. Y efectivamente, ese punto se estableció así en la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio; la misma reforma que el juez Fernando Andreu se verá obligado a aplicar en este caso por ser la legislación más favorable al reo. Así de sencillo…

“De la nueva redacción del Código Penal”

El argumento de todos los imputados por las tarjetas black parece que se va a ceñir a lo ya remitido al juez por dos de los acusados: el exsindicalista de Comisiones Obreras Rodolfo Benito y por Pablo Abejas, el ex hombre de confianza de Esperanza Aguirre en Caja Madrid. Según ese documento, la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015 de modificación del Código Penal afirma expresamente que queda fuera del ámbito de la apropiación indebida “la administración desleal por distracción de dinero”, quedando la apropiación indebida como “un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa” (Preámbulo, XV).

Es decir, que avisan al juez Andreu que uno de los objetivos de esta reforma penal de Rajoy en esta materia (los nuevos artículos 252 y 253 del Código Penal) fue el de proceder al necesario deslinde entre apropiación indebida y administración ideal.

Así, para evitar responsabilidades penales, aseguran los abogados de Abejas y Benito que, incluso hasta la reforma, esa delimitación no ha sido nítida en las resoluciones de los tribunales. Mientras, una corriente jurisprudencial optaba por superponer, en el caso de los administradores sociales, los ámbitos típicos de los viejos artículos 252 y 295 (antes de la reforma del Código Penal), otra corriente ha preferido entender que en la apropiación indebida se detecta una extralimitación en las facultades del administrador que se apropiare de la cosa recibida por título que obliga a la devolución, mientras que lo esencial en la administración desleal sería la actuación que, dentro de las funciones propias del administrador, implican infidelidad. Está claro a dónde quieren llegar: que no se han llevado dinero (dicen ellos).

Recuerdan al respecto una sentencia del Supremo que señalaba que “el administrador desleal, al que este artículo se refiere, actúe en todo momento como tal administrador, y que lo haga dentro de los límites que procedimentalmente se señalan a sus funciones. Es decir, que el exceso que comete es intensivo, en el sentido de que su actuación se mantiene dentro de sus facultades, aunque indebidamente ejercidas“.

Razones por las que podrían librarse de responsabilidad

Por el contrario, alegan que la apropiación indebida (que es por lo que Blesa, Rato, Benito, Abejas, etc., están imputados), “supone una disposición de los bienes cuya administración ha sido encomendada que supera las facultades del administrador“. Y está claro para ellos que las tarjetas Visa no eran unos bienes que había que guardar o custodiar, sino usar, argumento con el quieren librarse de responsabilidades penales.

A ese respecto añaden el argumento definitivo, que no es otro que aplicar la reforma que el Gobierno de Rajoy ha hecho del Código Penal: “La configuración de la apropiación indebida que impone el nuevo artículo 253 [el reformado por Rajoy] ha de ser relevante para la lectura de la apropiación indebida del viejo -en cuanto que la LO 1/20151e da un contenido distinto- art. 252.

blesa saliendo juzgado
Miguel Blesa saliendo del juzgado

En efecto, la nueva redacción del artículo 253 castiga como responsables de apropiación indebida a “los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos“. Pero en el reformado art. 252, la apropiación indebida era tanto apropiación como distracción.

Dicen así que la voluntad del legislador se dirige de manera inequívoca a excluir la distracción del ámbito típico, que queda limitado a la conducta de apropiarse. Respecto a esta conducta, recuerdan el “Informe Fiscal 18.03.2015″, Apartado Tercero: “…la doctrina de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (STS 1072/2010, de 14-12) establece que …apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió en posesión con la obligación de entregarla o devolverla. Distraer es dar a lo recibido un destino distinto del pactado“. Y, claro, el crédito obtenido por las Visas no era para devolver (!).

“No hay cosa mueble recibida con obligación de entrega o devolución”

En todo caso, éste es el argumento central de los imputados por las tarjetas black: “La utilización de tarjetas de crédito no puede, pues, ser subsumible en el nuevo art. 253, que requiere inicialmente identificación del objeto material: la cosa susceptible de apropiación en virtud de titulo que obliga a devolver. No cabe entender que la posibilidad de cargar gastos, en este caso al presupuesto de la Caja de Madrid, se constituya en modalidad de apropiación. Ahí es nada.

En ese sentido insisten que, aunque hoy deba estimarse atípica o descriminalizada por ley posterior la distracción (la reforma del Código Penal de Rajoy), el argumento sería igualmente aplicable en vigencia del anterior art. 252, que castigaba a quiénes “se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido“.

Quieren que el juez Andreu observe que “tampoco concurre la apropiación indebida definida por el viejo art. 252, en la medida en que no hay cosa mueble recibida con obligación de entrega o devolución. Señalan que la apropiación indebida tiene como presupuesto que el autor haya recibido una cosa mueble con la obligación de devolverla o de darle un destino muy preciso, y que el autor del delito de apropiación indebida no tiene sobre el patrimonio ajeno un poder comparable al del administrador desleal.

Entrando directamente en el caso de las denominadas tarjetas black alegan que no hay entrega a los administradores de dinero para darle un destino específico predeterminado. De hecho, “los titulares de las tarjetas no adquieren la propiedad del dinero, simplemente tienen capacidad de obligar a la entidad bancaria a responder de los gastos que eventualmente realicen utilizando las tarjetas” (sic).

“No se apropian, sino que distraen“, lo que ya no es delito con Rajoy

En definitiva, resumen que “la distracción ha dejado de ser típica en el Código Penal reformado por la LO 1/2015, lo que obliga a tener presente la obligación de aplicar retroactivamente la ley penal más favorable (CP, art. 2.2; CE, art. 9). Así de claro. Y para adelantarse a los argumentos de las acusaciones particulares o populares terminan afirmando que a pesar de la contundencia de la interpretación gramatical, que distingue nítidamente entre apropiación (tomar la cosa) y distracción (defraudar), “el sector doctrinal aludido optó, para evitar las dificultades y limitaciones aplicativas del art. 252, por la equiparación-confusión entre ambas conductas“.

Sin embargo, dicen que ahora la reforma de la LO 1/2015 llevada a cabo por Rajoy “recupera la diferenciación entre apropiarse y distraer, y decide despenalizar una de ellas: la distracción. Con lo que resulta evidente la atipicidad, desde el nuevo art. 253, de las conductas examinadas.

Y así es como quieren librarse por el uso supuestamente fraudulento de las tarjetas black… con la inestimable ayuda del Gobierno de Rajoy, que hizo una reforma a todas luces ad hoc para éste y otros casos similares.

Jorge Ventura