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Durante cinco meses, la declaración del Parlamento catalán estará en suspenso y habrá tiempo para pactos y alianzas

Antes de abandonar la presidencia del TC, Pascual Sala lideró la paralización de la soberanía de Cataluña

Mayo 12, 2013

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Ahora dependerá del nuevo Presidente del Alto Tribunal que se priorice la resolución de este recurso, pero dado el volumen de trabajo, es muy difícil, a no ser que lo consideren una medida de Estado y aparquen todo lo demás. Normalmente, el Tribunal está tardando de nueve a doce años en las resoluciones de amparo

El  TC deberá renovar en junio a cuatro de sus doce miembros: el propio Sala, como presidente; Ramón Rodríguez Arribas, como vicepresidente; y los magistrados Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes, nombrados en su día por el PSOE. Todo indica que será un TC más conservador y con menos experiencia

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A falta únicamente de dos Plenos para que concluyese su mandato, el todavía presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, decidió finalmente incluir en el orden del día la deliberación sobre la impugnación del Gobierno de España a la aprobación de la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña“. Inicialmente, el tema no estaba previsto y fue el propio presidente el que decidió a última hora incorporar este debate mediante una adición al orden del día. Sala no pudo -ni quiso-, eludir este debate jurídico antes de la nueva composición del Alto Tribunal que surgirá tras el proceso de renovación del mes de junio. Será este nuevo TC el que tomé la decisión final respecto a la declaración soberanista y el que tenga que determinar si es o no una “prioridad jurídica de Estado”.

Hábil y con contacto directo con el rey

El magistrado progresista Pascual Sala Nieto, que cumple 78 años el próximo mes de junio, quería dejar atado antes de abandonar esta institución ese mismo mes el asunto jurídico sobre la denominada “Declaración soberanista de Cataluña”, aprobada por el Parlamento catalán el pasado día 23 de enero. No hay que olvidar que Pascual Sala fue también presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, los más convulsos de la historia judicial reciente, por lo que posee una amplia experiencia en el manejo de instituciones en crisis. Dicen de él, que es una persona hábil, con contacto directo con el Rey Juan Carlos y al que no le tiembla la mano. Por ejemplo, fue uno de los magistrados que avaló la constitucionalidad de la Ley de Matrimonios Homosexuales de 2005 y que rechazó el recurso planteado contra dicha norma por el Partido Popular.

Ahora, el Alto Tribunal deberá renovar en junio a cuatro de sus doce miembros que concluyen mandato: el propio Sala, como presidente; el conservador Ramón Rodríguez Arribas, como vicepresidente; y los magistrados Manuel Aragón Reyes, el catedrático que ayudó al recorte del Estatuto catalán, y  Pablo Pérez Tremps, quien en junio de 2004 firmó un contrato con la Generalitat para ayudar en la elaboración de un estudio sobre la viabilidad constitucional de determinadas propuestas planteadas para el Estatut. Los dos primeros fueron designados a propuesta del CGPJ; y, los otros dos, a iniciativa del Gobierno entonces del PSOE. Ambas instituciones están ya ultimando, con intentos de pacto en varias reuniones ya celebradas, la propuesta de los relevos. Una vez logrado esto, cosa que no es fácil, obligará de inmediato al nombramiento de un nuevo presidente del TC, que deberá afrontar que hace con la suspensión cautelar de la decisión del Parlamento catalán impulsada por CiU, ERC e ICV. Pero el debate ya no se empezará desde cero. No se sabe oficialmente los nombres de los que votaron en contra de la suspensión, pero es fácil presumirlos. Y alguno quedará en la Sala.

 
Cuestión de prioridades

La resolución, tomada por ocho votos a cuatro (dos tercios contra uno), produce la suspensión de esta declaración del Parlamento catalán durante al menos cinco meses, al aplicarse el artículo 161.2 de la Constitución, que fue invocado por el Gobierno a la hora de presentar su recurso el pasado 8 de marzo. El Parlamento catalán tiene ahora un plazo de veinte días para “aportar cuantos documentos y alegaciones que considere convenientes“. Se trata de la primera ocasión en la que el Tribunal de Garantías deja en suspenso un acuerdo de un Parlamento autonómico. Una vez transcurridos los cinco meses, el Alto Tribunal deberá resolver si prorroga la medida cautelar -mientras sigue estudiando el fondo-, o bien la levanta. O finalmente toma una decisión firme.

Fuentes del TC consultadas por Extraconfidencial.com indican que “usualmente el Tribunal no suele resolver el asunto en ese plazo de cinco meses; por tanto, lo habitual es que transcurridos cinco meses, vuelvan a pronunciarse estrictamente sobre si mantienen la suspensión o la levantan. Pero depende del Tribunal -especialmente de su Presidente- que se priorice la resolución de este recurso. Pero dado el volumen de trabajo es muy difícil priorizarlo, a no ser que lo consideren una medida de Estado y aparquen todo lo demás”. Normalmente el Tribunal Constitucional está tardando de nueve a doce años en las resoluciones de amparo, “y eso que se ha logrado quitar mucho trabajo ya que no se estudian todos los recursos presentados”.

Un nuevo TC más inexperto
Según las fuentes consultadas por este periódico, “es absurdo plantearse ahora si el nuevo TC será más o menos combativo que el que declaró la inconstitucionalidad de parte del Estatuto de Cataluña. En teoría, el próximo será más conservador, porque la mayor parte de sus miembros habrán sido nombrados a propuesta del PP. Y también con menos experiencia, ya que quedaran magistrados con muy pocos años de trabajo en el TC”. Los mismos círculos constitucionalistas de la capital de España advierten que “un referéndum en Cataluña sobre el derecho a decidir, es un acto jurídico que cualquier Tribunal Constitucional del mundo tendría que paralizar por dos razones: una, porque la convocatoria de referéndums es una competencia del gobierno central, sin asomo de duda; y, en directa relación, porque para que Cataluña pudiera pronunciarse sobre su independencia previamente habría que reformar por procedimiento agravado varios artículos de la Constitución española”.

Precisamente, hace unos meses el propio Pascual Sala declaraba algo parecido: “Con arreglo a la Constitución no cabe ningún pronunciamiento de secesión o separación de ninguna parte del territorio español, por una sencilla razón: porque el sujeto constituyente es el pueblo español. Ahora bien la Constitución se puede modificar”… En la capital de España no hay dudas jurídicas de que cualquier Tribunal paralizaría una consulta de este tipo en Cataluña por las razones referidas. Salvo que lo autorizará el gobierno central –hipótesis absurda con el PP-, y que expresamente quedará muy claro que ese referéndum no tendría efectos jurídicos más allá de legitimar al Parlamento de Cataluña a que iniciara una reforma constitucional que habilitara, ahora sí, un referéndum de secesión.

“Declararse soberanos no tiene efectos políticos”

Fue el pasado 23 de enero cuando el Parlamento catalán dictó una primera declaración soberanista, que no contó con el apoyo del PSC ni del PP. En esta primera declaración, el Parlament defendía que Cataluña es “sujeto jurídico y político soberano“. Fue cuando el Gobierno central recurrió a través de la abogacía del Estado esta primera resolución relativa al derecho a decidir (luego hubo una segunda el día 13 de marzo). Concretamente, el grueso del recurso iba por la afirmación de que Cataluña es “un sujeto jurídico y político soberano”.

Según las fuentes consultadas, es manifiesto en la literatura jurídica constitucional que ante el Tribunal de Garantías sólo pueden recurrirse actos jurídicos. Por eso, la duda inicial del Gobierno Central antes de presentar el recurso versaba sobre si la declaración del Parlamento catalán era meramente política y, por tanto, no era recurrible. “No obstante, al afirmar que Cataluña es un sujeto político y jurídico podría entenderse que se declaran soberanos y esto sería el punto de partida para jurídicamente poder incumplir la Constitución. Si son soberanos, si hay una soberanía popular catalana, no estarían sujetos a la Constitución”, afirman fuentes jurídicas. No obstante, otras voces discrepantes indican que la declaración es política: “Declararse soberanos no tiene efectos jurídicos al emitirse como declaración”.

Los primeros efectos jurídicos

Sin embargo, algunos miembros del TC consideran que aunque la declaración sea política comienza a producir efectos jurídicos. Los más claros: el Consejo para la Transición Nacional, el órgano consultivo delGobierno de Artur Mas para preparar la consulta de autodeterminación y las conocidas como estructuras de Estado; y la Comisión sobre el Derecho a Decidir, que el  Parlament aprobó el pasado 8 de mayo, con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, ycomo contrapartida ala suspensión realizada un día antes por el Constitucional. Uno de los pilares en que se fundamenta esta Comisión es que “la declaración de soberanía del Parlamento catalán está por encima de la decisión de cualquier tribunal”. Para las fuentes del TC consultadas,su constitución y su actuación es claramente jurídica y contraria a la Constitución y es una consecuencia de la pretendida declaración política”. Según estos miembros, si se unen ambos extremos es posible construir la inconstitucionalidad.

En círculos políticos y jurídicos de la capital de España, se asegura que la única forma de aprobar y dar legitimidad jurídica a estas instituciones catalanas sería mediante una reforma agravada de la Constitución española. “Es doctrina pacífica del TC, que la soberanía es del pueblo español, así se afirmó al declarar inconstitucionales aquellas partes del preámbulo del Estatuto de Cataluña que se referían a la cuestión”, afirman.

Para el Gobierno Central la decisión del TC de suspender temporalmente la “declaración soberanista” de Cataluña es un éxito, ya que inicialmente el Gobierno de Rajoy dudaba si recurrir –ya que en teoría es una declaración política-, pero pensó que si el Tribunal declaraba inconstitucional esta declaración, con más razón declararía inconstitucional la hipotética convocatoria de un referéndum. Precisamente, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó el pasado viernes tras la celebración del Consejo de Ministros que el reciente auto del TC “abre la vía para poder impugnar todo lo demás…y ha servido para poner determinadas cosas en el lugar que le corresponde”.  El Ejecutivo se siente así más respaldado, y ahora tendrá cinco meses para buscar pactos, alianzas y constituir un nuevo TC, que será más conservador.

Según fuentes solventes, el Gobierno de Rajoy buscará a través de la Abogacía del Estado cualquier fleco que sirva para unir todas las decisiones de la Generalitat y del Parlamento catalán a actos jurídicos, aunque provengan de actuaciones políticas. “Se trata de estudiar todo, con el fin de unir y ligar decisiones políticas a jurídicas, y así se podrá construir la inconstitucionalidad”. Ahora dependerá del nuevo TC elegido en junio y especialmente de su Presidente que se priorice o no la resolución de este recurso. Si es o no una medida de Estado.

Juan Luis Galiacho