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En dos años, las Religiosas Adoratrices Esclavas recibieron más de medio millón de euros en este concepto

Ana Mato destina 1,5 millones de euros para la lucha contra la explotación sexual de la mujer al tiempo que las cifras de violencia de género se disparan

Febrero 27, 2014

Vencer de una vez por todas al fantasma de la violencia de género es uno de los objetivos primordiales no sólo del Gobierno español, sino de la gran mayoría de los países europeos. Su importancia cobra fuerza a medida que su incisión en la sociedad se vuelve más virulenta, un efecto que en España nadie ha conseguido disipar a pesar de los esfuerzos llevados a cabo en esta materia desde hace ya varios años. De hecho, durante el año 2013 se registraron un total de 1.298 agresiones sexuales con penetración (un incremento del 1,4% respecto a 2012) y en el mismo período se contabilizaron dos asesinatos más que en 2012 de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Un drama y un problema añadido para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato.

La violencia contra la mujer –“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad”, definida así por la ONU (1993)- monopoliza la violencia de género en España y en gran parte del orbe mundial. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba durante la presentación de estos datos que “la violencia contra las mujeres es una lacra a erradicar” recordando que “España no está sola en la violencia contra las mujeres”. Sin embargo, la forma luchar contra este tipo de violencia y el modo de incardinar las ayudas a las sociedades que se ocupan de la defensa de las mujeres, es un tanto peculiar a la vista de las partidas designadas a este fin.   

Más de 49 asociaciones beneficiadas

El jueves 13 de febrero se hacía pública la resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad -adscrita al Ministerio de Sanidad de Ana Mato– , por la que se publican las subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En total serán 1,5 millones de euros para 49 asociaciones que vienen a engordar las ayudas concedidas el ejercicio pasado en el que 43 entidades se beneficiaron de algo más de 1 millón de euros (1.001.537 euros).

En aquel momento, las ayudas fluctuaban entre los 18.000 euros -la más baja otorgada a varias asociaciones- y 328.634 euros –la más alta, en manos de las Religiosas Adoratrices Esclavas-. En esta ocasión Los picos se han acercado y van desde los 16.000 euros -para las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor- hasta los 200.000 euros -designados de nuevo a las Religiosas Adoratrices Esclavas por su Programa de atención integral a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual-. Estos datos dejan entrever cierta inclinación del Gobierno hacia las Religiosas Adoratrices que en dos años se han hecho con más de medio millón de euros.

No solo se observan similitudes en los números, sino que también los errores se repiten. Además de estas ayudas hay que contar con otras líneas de financiación del Estado a este respecto y otras subvenciones gestionadas por las Autonomías. ¿Son necesarios estos importes que no recaen directamente en las manos de las damnificadas sino en asociaciones de las que desconocemos como efectúan el reparto? ¿Si las asociaciones que protegen a la mujer prostituida reciben este trato, por qué no existe un comportamiento similar con los afectados por la violencia familiar como niños y ancianos, o por violencia de pareja? Hay que señalar también la descoordinación del Gobierno central ya que el recorte del presupuesto destinado a las políticas de Igualdad y la subida del precio de las tasas judiciales, provocan que a las víctimas de violencia de género les salga más caro denunciar.

Vencer de una vez por todas al fantasma de la violencia de género es uno de los objetivos primordiales no sólo del Gobierno español, pero deberá plantearlo de otro modo para poder acabar con él.