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El cierre del organismo dependiente de Madrid Salud supondrá el fin al modelo integral de atención a drogodependientes del Ayuntamiento

Ana Botella pretende eliminar el Instituto de Adicciones de Madrid, dejando sin atención a más del 70% de los drogodependientes de la ciudad

Febrero 26, 2013

El Instituto “atiende anualmente a cerca de 9.000 pacientes” con un presupuesto en 2012 de “algo más de 25 millones de euros para el desarrollo de todos sus programas”

Sus representantes justifican su desaparición como un “acuerdo de transferencias para la eliminación de duplicidades entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid”

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Primero fueron los dependientes. Allá por julio de 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad abordaba la reforma de La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En ésta se aplicaba un recorte del 15% en la prestación económica que recibían aquellas personas que se quedaban en casa día tras día para cuidar de sus familiares dependientes, una revisión del régimen de cotización y una mayor rigidez en los requisitos para acceder a las ayudas. A partir de esa fecha, una ley desarbolada desde su gestación en 2007 comenzaba a provocar efectos totalmente contrarios a aquellos para los que había sido creada.

Los gobiernos se ceban con los colectivos menos afortunados de nuestra sociedad. Ahora parece que los drogodependientes son el siguiente objetivo a ignorar para poder redistribuir sus presupuestos. ¿Son considerados éstos por las altas esferas como prescindibles dentro del estado de bienestar? ¿Es su intención quitárselos de encima de un plumazo como si de lacras sociales se trataran? El pasado 30 de enero, la madrileña plaza de Cibeles era un clamor. Más de 350 manifestantes alzaban su voz en defensa del modelo integral de atención a drogodependientes del Ayuntamiento y contra el cierre del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid perteneciente a Madrid Salud, organismo autónomo del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias. Un modelo reconocido internacionalmente con más de 20 años de experiencia e índices de calidad que claudica ahora por los ajustes consistoriales.

Desaparición progresiva

Hoy día, el Instituto de Adicciones de Madrid “es el órgano que, dentro del Ayuntamiento tiene a su cargo las competencias y la gestión de los recursos destinados a la prevención, tratamiento y reinserción de las adicciones” a través de una red de servicios sólida y estable que alcanza todos los rincones de la ciudad: da respuesta al 70% del total de pacientes drogodependientes de Madrid. Según datos del propio Instituto, éste “atiende anualmente a cerca de 9.000 pacientes” con un presupuesto en 2012 de “algo más de 25 millones de euros para el desarrollo de todos sus programas”. Ahora todo apunta a que el propio Ayuntamiento –encabezado por Ana Botella– pretende cargarse el sistema, privatizar este tipo de centros sanitarios e intentar enmendar la plana de uno de los ayuntamientos más endeudados de España.

Pero, ¿qué hay realmente detrás de la supresión de este organismo clave para Madrid? Despido masivo de trabajadores, médicos, enfermeros y psicólogos; sustitución de una atención cuidada y mimada al drogodependiente por un servicio meramente sanitario; regreso a los problemas de antaño de conflicto social y un largo etcétera de problemas sociales. En definitiva se trata del ajusticiamiento de un organismo que ha permitido, además de tratar numerosas adicciones, controlar la expansión de enfermedades infecto contagiosas como el SIDA, hepatitis o tuberculosis generando un ambiente propicio para la onvivencia y seguridad ciudadana, así como la reinserción de los afectados.       

“Evitar duplicidades”

Extraconfidencial.com se ha puesto en contacto directamente con el Instituto para conocer si se prevé algún cambio institucional o de dirección en un futuro próximo. Ante esta pregunta, los representantes del organismo contestan que “debido al acuerdo de transferencias para la eliminación de duplicidades entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, las competencias asistenciales que en este momento ejecuta el Instituto de Adicciones serían transferidas a la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid”. Los 350 manifestantes de Cibeles coreaban en enero “lo llaman evitar duplicidad y lo que quieren es liquidar un servicio público más”. 

Hace exactamente un año, un centenar de personas se concentraban en la sede de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid para protestar por el recorte de recursos y por el desmantelamiento de la atención sociopsicológica a drogodependientes. Estos cambios, en realidad, no provocan sino el riesgo de la calidad y la eficacia de la atención a este tipo de pacientes. Tras la reducción del número de Centros de Atención a las Drogodependencias, la desaparición de recursos residenciales de apoyo al tratamiento y la supresión de la red municipal de prevención de adicciones, Ana Botella está a punto de escribir un nuevo renglón torcido en la negra historia de la lucha contra la politoxicomanía madrileña.

El secretario general de UGT Salud, Rubén Tejedor, auguraba recientemente que esta situación podría hacer retroceder a la España de los años 80 y 90: “Hay enfermedades que ahora están muy controladas. Esto se podría revertir”. De modo paralelo, en Vigo, el pueblo al completo se encuentra volcado con David Reboredo, un extoxicómano condenado a siete años de cárcel por vender unas papelinas de heroína que no llegaban al medio gramo. A pesar de estar totalmente rehabilitado y de contar con el apoyo de más de una decena de asociaciones que prueban su reinserción, el indulto de David no llega. Mientras tanto, Alberto Ruiz Gallardón sí aprueba la medida de gracia para auténticos criminales como el kamikaze de la autovía de Valencia. Está claro que en el tema de la drogodependencia, España mira hacia otro lado.            

Jesús Prieto