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Por realizar supuestamente trasvase de capitales y fraude en su defensa del propietario de AIFOS, principal empresa privada vinculada a la trama de corrupción

Ana Botella contrata como abogado para el caso del Madrid Arena a Nicolás González-Cuéllar Serrano, presunto implicado en el caso Malaya

Noviembre 19, 2012

El abogado fue incluido en marzo del presente año en la Comisión para acometer la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, designada por Alberto Ruiz Gallardón

Monsterrat Corulla está vinculada directamente con la Alcaldía

Además, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid se han levantado en pie de guerra contra el entorno de Ana Botella debido a los continuos errores cometidos por la alcaldesa en sus intervenciones.

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El caso Madrid Arena golpea al Ayuntamiento madrileño con vehemencia. Nicolás González-Cuéllar Serrano es el letrado elegido por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para intermediar por el Ayuntamiento en el juicio del caso que arbitrará las diligencias de la tragedia del 31 de octubre que provocó la muerte de cuatro chicas y mantiene a otra herida de gravedad por motivo de una avalancha. El jurista a quien Ana Botella ha encomendado la gestión del tema de mayor enjundia de la actualidad nacional -catedrático de Derecho Procesal en La Universidad de Castilla La Mancha-, atesora un nombre propio en el mundo de la abogacía más vinculado a los escándalos que a los éxitos cosechados durante su trayectoria. En la actualidad, González-Cuéllar representa legalmente a Jesús Ruiz Casado, propietario de AIFOS Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A. Esta constructora-promotora, administrada judicialmente por causa de la quiebra, representa uno de los nombres propios del Caso Malaya por el cual Ruiz Casado –detenido en la segunda fase de la operación- se encuentra acusado de cohecho activo, fraude y apropiación indebida.

Según informaciones publicadas por prnoticias -avaladas por la información registral recogida de los BORMES de Málaga y Madrid-, para prestar sus servicios a Jesús Ruiz Casado, González-Cuéllar constituye en 2009 una nueva sociedad con Manuel Torres Ojeda: abogado de confianza de Ruiz Casado, testaferro de AIFOS y beneficiario de los pagarés librados en un entramado interminable de sociedades mercantiles –a día de hoy imputado por un delito de alzamiento de bienes-. Esta sociedad recibió importantes cantidades de dinero de las arcas de AIFOS y de la madeja empresarial, ante la imposibilidad técnica de realizarlos directamente a la asesoría encabezada por Manuel Torres. Tras la salida pactada de éste último de AIFOS y varios movimientos entre sociedades que hablan a las claras de un trasvase interesado de capitales, la promotora se declara en concurso de acreedores voluntario. Una vez perpetrado el perjuicio a empleados, clientes y proveedores, ambos juristas se ocupan de una representación del empresario que no obedece exclusivamente a la gestión de su acusación en el Caso Malaya, sino a coadyuvar al tráfico económico de su entramado.

El caso Madrid Arena pues -en lo que atañe al Ayuntamiento-  se verá dirigido por un abogado caracterizado por su oscura praxis. Un pleito al que el consistorio ya no podrá personarse como acusación particular y lo deberá hacer como parte interesada, según ha dictado el juez instructor del caso, Eduardo López Palop. Este status permitirá que al final del proceso, la entidad municipal pueda pasar a ser acusada y por ende, tener que cargar con la responsabilidad civil sobre los damnificados. Es digno de mención que -como publicó el diario El País en su edición del pasado 16 de noviembre- “varios despachos jurídicos han anunciado su intención de personarse como acusación particular; entre ellos, uno que suele estar presente en casi todos los procesos mediáticos, el sindicato ultraderechista Manos Limpias”.  Desde la creación de la sinergia de fuerzas en el círculo cercano al propietario de AIFOS se libraron cuantiosos pagarés entre las sociedades mercantiles que los protagonistas regentan: JUR ADVISING SLP (González-Cuéllar), AIFOS Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A. (Ruiz Casado).

Los nombres de Alberto y Ana    

Los puntos sibilinos del caso Madrid Arena no acaban aquí. Ante la ristra de sucesos –acreditados por los Boletines Oficiales del Registro Mercantil- que cuanto menos empañan el historial de González-Cuéllar, el abogado madrileño se ha visto favorecido por cierta inmunidad política. Tras indicios más que suficientes para probar su involucración en la red fraudulenta de AIFOS, el letrado no solo no ha sido investigado sino que ha sido agasajado en marzo del presente año con su inclusión en la Comisión para acometer la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, designada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Y es que parece que González-Cuéllar no hace más que engrosar la lista de intocables de Elliot Ness que los últimos alcaldes del municipio madrileño han confeccionado. Junto a este nombre sobresale otro que también ha sido alcanzado por la deflagración del Malaya: Monserrat Corulla, testaferro de Juan Antonio Roca según la justicia. La mujer, imputada también en la operación, fue relacionada íntimamente con el ex regidor –quien le concedió en 2011 una licencia ilegal para convertir el Palacio de Villagonzalo en hotel- por parte del socialista Miguel Sebastián durante un debate televisivo en plena campaña a la alcaldía de Madrid. De este modo, Gallardón mantiene presumiblemente relaciones personales y laborales con el núcleo duro del caso Malaya. Unas relaciones que granjean servicios e intereses a partes iguales y que no ha dudado en poner en conocimiento de su sucesora, Ana Botella, quien también ha echado mano de estos vínculos. El caso Malaya y el Madrid Arena parecen tener mayores similitudes que las observadas a simple vista.

A la lista de nombres que han encontrado ‘casualmente’ el beneplácito de los dos últimos alcaldes de Madrid se puede anexionar el de Pedro Calvo, éste último con un final más accidentado. El que fuera vicealcalde; delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana; tercer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal del PP, se ha convertido en la primera cabeza de turco tras la tragedia del Madrid Arena. Las irregularidades presentes en los contratos del Ayuntamiento y la promotora de la fiesta, que él preside –Madrid, Espacios y Congresos-, son motivos más que suficientes. Sin embargo, Pedro Calvo fue arropado y defendido en todo momento por su alcaldesa, Ana Botella y su cicerone y jefe durante casi toda su experiencia política, Alberto Ruiz Gallardón, quien defendía la presunción de inocencia de su ex delegado y consejero: “una declaración como imputado no significa ningún prejuicio y no debe significar una condena previa para nadie”.

La ebullición de la red clientelar y el nepotismo endogámico que se respira en la casa consistorial no es algo que nos coja de sorpresa. Sin ir más lejos, en las elecciones de 2007 los dos altos cargos madrileños tejieron el ascenso de Botella a la Alcaldía de Madrid, a través de su designación como número dos en la lista con la que el PP concurrió a las municipales. Este nombramiento a dedo de Ruiz Gallardón, convirtió automáticamente a la que fue durante ocho años primera dama de España, en regidora del municipio madrileño el 27 de diciembre de 2011 con los votos de su partido en el Ayuntamiento y tras asumir el ex alcalde la cartera de Justicia del Estado. Un proceso ad hoc que la misma Ana Botella no vio con buenos ojos cuando el patio que se fregaba era ajeno a sus dependencias. Tras la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido, Botella consideró “normal” la celebración de un Congreso del PP de Madrid para elegir al nuevo presidente de la formación. Este ejercicio de hipocresía por un lado y de ambición de poder por otro, habla de la nefasta situación de una política madrileña conformada por facciones que se van desintegrando poco a poco ante los efectos corrosivos de temas cáusticos como el Madrid Arena. 

Más sombras en el Madrid Arena

Cierto es que la alcaldesa de Madrid está siendo criticada con dureza por su gestión de la tragedia del Madrid Arena. Por un lado resaltan los reproches emitidos desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Ana Botella, según publica El Confidencial, intentó explicar lo sucedido a través de supuestas lagunas en la normativa regional. Tras unas declaraciones en las que aseguraba que ley de Espectáculos de la Comunidad no fijaba las responsabilidades en el control de este tipo de eventos, la plana mayor del Gobierno Autonómico cargó las tintas contra la alcaldesa señalando como principal responsable al vicealcalde sacrificado, Pedro Calvo. El otro punto de la reprimenda lo pone la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien destapó a través de un comunicado “diversos errores” en las informaciones enunciadas por un informe elaborado por el Ayuntamiento en el que se decía que la Policía Nacional había supervisado la seguridad en el recinto. Cifuentes matizó que el cuerpo de seguridad se desplazó horas antes de la fiesta al Madrid Arena “exclusivamente para recoger documentación” referida a la seguridad del centro, no para inspeccionar la misma. También se puede leer en el comunicado como el cuerpo Nacional de Policía ya “desmintió rotundamente que funcionarios de la Jefatura hayan realizado inspección alguna en dicho local y que dieran su visto bueno al respecto”.

Parece ser una tónica habitual que el Ayuntamiento presente el resultado de sus informes e investigaciones de un modo anómalo. El pasado jueves, Ana Botella, canceló su rueda de prensa semanal para presentar el resultado de la investigación interna efectuada por el consistorio sobre la desgracia del 31 de octubre. Esta comparecencia se ejecutó con una premisa: no se admitirían preguntas. Una decisión que pone en entredicho los métodos del cabildo madrileño y embravece a una Federación de Asociaciones de Periodistas en España (FAPE), extenuada en su lucha por el boicot de las ruedas de prensa que no acepten preguntas.            

Quizás todo esto ya haya transcendido el ámbito político y partidista para convertirse en un asunto de ética. La gestión y el comportamiento de Botella se han puesto en solfa ya no solo por parte de ciudadanos y oposición, sino también por los integrantes de su propio partido. Todavía colea el cuajo del que hizo gala la alcaldesa en plena crisis del Madrid Arena, conservando sus planes en el puente de Todos los Santos para descansar con su familia en un SPA de lujo portugués mientras las muchachas heridas en el macroconcierto se debatían entre la vida y la muerte. Este intento de evasión y alejamiento del lugar de los hechos no ha hecho más que retratar a Ana Botella en el modus operandi llevado a cabo desde el 31 de octubre: echar balones fuera. Tarde o temprano, la alcaldesa deberá enfrentarse a su destino como ya lo ha hecho Pedro Calvo y otros que pasarán por el patíbulo, porque al fin y al cabo como dijo el escritor francés Antoine de Saint-Exupery: “la huida no ha llevado a nadie a ningún sitio”.   Y mientras este martes, los lectores de la revista Telva podrán ver un reportaje tipo “posado” (al estilo del realizado por las ministras socialitas del ejecutivo de Zapatero en el Vanity Fair, muy criticado por la oposición del Partido Popular) en la que hace balance de su primer año en la alcaldía un mes antes de que este se cumpla, un reportaje que parece que ha intentado parar sin éxito, pero cada uno es presa de sus vanidades.