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EL DERROCHE ELECTORAL (y II)
El Tribunal de Cuentas advirtió que ciertas sociedades superaron el límite legal de facturación como aportaciones

Algunas empresas incumplieron la obligación de informar sobre las facturas emitidas a los partidos

Abril 20, 2009

Fue en la cuenta de UPYD donde el Tribunal detectó más “deficiencias e irregularidades”

El TC propuso una reducción de la subvención electoral a Nafarroa Bai

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La pasada semana informábamos de algunas de las conclusiones del Informe de Fiscalización de las Contabilidades Electorales de las Elecciones a Cortes Generales del 9 de marzo de 2008 redactado por el Tribunal de Cuentas y hecho público el pasado 29 de marzo. La principal, que la Banca financió en un 70% los gastos de los partidos políticos en aquellos comicios. Fueron un total de 66,6 millones de euros invertidos por las formaciones políticas para la captación de votos, de los que sólo 6 millones correspondieron a “aportaciones del partido”. Y a la cabeza, el Partido Popular que gastó 15,5 millones y el PSOE con algo más de 13 millones, cuyas cuentas reproducimos íntegramente.
Al margen de los 44,6 millones que los partidos declararon como créditos bancarios, otros 15,7 millones correspondieron a anticipos electorales, 6,1 millones a aportaciones del partido y 0,2 millones a aportaciones privadas. Y es precisamente por esta vía donde el TC descubre otra presunta irregularidad: “Se ha incumplido por determinadas empresas la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas información detallada del importe facturado a las formaciones políticas por un importe superior al establecido legalmente”.
Pero como casi siempre las denuncias del alto Tribunal nunca tienen consecuencias judiciales. Por ejemplo, en aquellas elecciones se produjeron ingresos electorales previamente en cuentas de la actividad ordinaria, se atendieron gastos electorales a través de cuentas no electorales y, por último, se realizaron pagos a través de la cuenta electoral fuera del plazo legal previsto para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales o se mantienen obligaciones pendientes con proveedores o acreedores con posterioridad a dicho límite. Así, en el mencionado Informe el TC propuso “la no adjudicación de una subvención de 13.450 euros” a Nafarroa Bai que justificó unos gasto por operaciones ordinarias de 318.466 euros. Lo que desconocemos es si se aplicó la recomendación del Tribunal.
Quizás por inexperiencia en contabilidad electoral, una de las cuentas en las que se detectó más “deficiencias e irregularidades” fue en Unión Progreso Y Democracia, partido liderado por Rosa Díez. Así, el TC asegura que “como aportaciones de personas físicas o jurídicas se incluye, por una parte, lo declarado por el partido en concepto de donaciones, por un total de 98.000 euros. Además, se ha incluido también numerosos préstamos sin intereses procedentes de afiliados y simpatizantes e instrumentalizados en bonos al portador, por un total de 64.050 euros, de los que la formación ha indicado que se ha comprometido a reintegrarlos en el primer trimestre del 2009, aunque ha señalado que puede ocurrir que muchos no sean reclamados”.
Además, el TC identificó dos proveedores por prestación de servicios o adquisición de bienes, con una facturación total de 24.058,05 euros de los que no se informó al Tribunal de Cuentas, incumpliendo lo contemplado en el Artículo 133 de la LOREG.