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LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DE LOS REGISTRADORES (I)
Así lo acredita una carta firmada por el Decano del Colegio de Registradores y dirigida a sus compañeros

Alberto Ruiz-Gallardón, como alcalde de Madrid, intermedió, a petición de su cuñado Utrera Molina, supuestamente para licitar el funcionamiento del nuevo edificio de Registradores construido irregularmente sobre suelo industrial

Octubre 10, 2014

El nuevo edificio de los Registros de Madrid, situado en Alcalá 540, fue adquirido por compraventa el 23 de diciembre de 2009 a nombre de Inversiones Inmobiliarias CRE S.L. (IICRE)
Ni la portavoz del citado colectivo ni la dirección de Comunicación del ministerio de Justicia respondieron a las preguntas de este periódico. Quizás tenga algo que ver la condición de Registrador de la Propiedad -con plaza en Santa Pola (Málaga)-, de Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno
El inmueble dispone de 50.208 m2 de superficie construida, un terreno de 9.999 m2 y una superficie edificada de 5.679 m2. Los tres bloques que lo conforman se componen de planta baja, primera, segunda, tercera y cuarta. Los edificios 1 y 3 cuentan además con planta semisótano y el conjunto general posee dos sótanos de más de 16.000 m2.
El inmueble cuenta con tres afecciones al pago de Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos y una hipoteca en garantía de un préstamo por más de 86 millones de euros


“¿Por qué el edificio de Madrid (sede de los Registros en Alcalá 540), se ha construido sobre un suelo calificado como industrial y lo vamos a utilizar con un uso de dotacional de “servicios de Administraciones públicas”, tan lejano a como conceptúa nuestra profesión el Tribunal de Justicia de la UE? ¿Por qué se ha querido imponer por la vía de una reforma de Estatutos colegiales y de tapadillo la obligación de ocupar unos locales a los Registradores de Madrid, asignándoles obligatoriamente el espacio que deben ocupar? ¿Por qué se pretenden imponer obligaciones estatutarias a favor de una sociedad IICRE, SL en la que no participan todos los Registradores, que ha fracasado en su reciente ampliación de capital y que se presenta como ´una inversión favorable´ para los Registradores que han adquirido participaciones?”. Son todas preguntas que planteaba en diciembre de 2009 el por aquel entonces candidato a decano del Colegio de Registradores, José Campos Calvo-Sotelo.

Silencio cómplice

Las reprobaciones del aspirante surgían en perfecta sincronía con una de las mayores operaciones del Colegio de Registradores (Cormpe), en la época moderna: el nuevo edificio de los Registros de Madrid, situado en Alcalá 540 en el distrito de San Blas, era “adquirido por compraventa en virtud de escritura pública, autorizada por el notario Ignacio Solís Villa en Madrid el día 23 de diciembre de 2009”. El titular es, como no, Inversiones Inmobiliarias CRE S.L. (IICRE), una sociedad inversionista que tiene como fin el alquiler de edificios a todos los Registros de la Propiedad.  

Todas estas cuestiones se enumeraban en un correo electrónico remitido por José Campos Clavo-Sotelo -en nombre de su candidatura “Abierta a todos”- al Colegio de Registradores el pasado 9 de diciembre de 2009. El título del mismo, “Preguntas sin respuesta”, un presagio. Está claro que el hermetismo del Cormpe responde a una protección desmedida de las altas esferas pero, ¿a qué se debe tal auxilio y favor? Quizás la respuesta esté en la pertenencia del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, a tan selecto grupo. Y es que parece lógico que el jefe del Ejecutivo nacional no tire piedras contra un tejado -el Registro de Santa Pola (Málaga)-, que le reporta entre 800.000 euros y un millón de euros al año. Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy habría percibido desde 1981 unos 20 millones de euros por no renunciar a una plaza que el presidente delegó en su amigo y compañero de promoción desde 1977, Francisco Riquelme, como nombró permanente accidental de Santa Pola repartiéndose con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso gracias a una medida de gracia del Colegio de Registradores a la que se acogió el político gallego. Un hecho este que desmiente rotundamente un portavoz de Moncloa consultado por Extraconfidencial.com

Una artimaña política perfecta para ascender

Pero no nos desviemos del foco de atención: el edificio de los Registros de Madrid, sito en Alcalá 50 y que fue construido sobre un suelo calificado como industrial, lo que atenta es contra uno de los principios clave de los servicios públicos. Por lo tanto, ¿de qué forma se ha conseguido burlar la Ley? Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde Madrid, habría intervenido e intercedido a favor de la concesión de este terreno clasificado como solar industrial para hacer posible el levantamiento del nuevo edificio de Registros y su correcto funcionamiento. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que con tal artimaña habría allanado su acceso al ministerio de Justicia, en diciembre de 2011. Pero, ¿de qué manera logro el por aquel entonces regidor madrileño tal beneficio?

Según documentos que obran en poder de Extraconfidencial.com, Ruiz-Gallardón no se habría manchado las manos. Su testaferro habría sido José Antonio Utrera Molina, cuñado del político madrileño por su condición de hermano de la cónyuge del hasta hace poco ministro de Justicia, María del Mar Utrera Molina. Una carta remitida con fecha 21 de junio de 2010 por el Colegio de Registradores a los “compañeros” del gremio destapa el pastel. En ella se relata los acontecimientos de la Asamblea de Decanos celebrada el 9 de junio del mismo año donde se dejó constancia de las felicitaciones y parabienes “a nuestros compañeros Juan Jiménez de la Peña y José Antonio Utrera, ya que gracias a sus gestiones, tenemos al fin la licencia de funcionamiento del nuevo edificio de Madrid”.  

José Antonio Utrera Molina, hijo del que fuera ministro secretario general del Movimiento en el Gobierno de Franco: José Utrera Molina, ya fue noticia en este medio por su página web de elevada carga ideológica llamada “Arriba” y que cuenta en su interfaz con la cabecera del homónimo órgano periodístico oficial de Falange Española fundado como semanario por José Antonio Primo de Rivera y del que el Consejo de Ministros ordenó su cierre en 1979.

Oídos sordos de Colegio de Registradores y de Justicia

A sabiendas de los réptiles movimientos de José Antonio Utrera Molina y Alberto Ruiz-Gallardón en favor del Colegio de Registradores, este diario se puso en contacto en repetidas ocasiones con el Colegio de Registradores, a través de su directora de Comunicación, Leonor Recio Agudo. En todos los intentos -frustrados-, de entablar conversación la condición impermeable del Cormpe volvía a salir a la palestra. Tolas las preguntas fueron ninguneadas. Preguntas de la índole de: “¿Cómo se justifica que el Ayuntamiento de Madrid permita la construcción y uso de una Edificio de Oficinas en un Polígono Industrial? ¿Es cierto que la Gerencia de Urbanismo, en un principio, les puso trabas por no cumplir con las normas urbanísticas preceptivas? ¿Tuvieron que recurrir en algún momento a la intervención-mediación del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón –hoy ministro de Justicia-, por medio del Registrador Sr. Utrera? ¿Cuáles fueron las razones verdaderas por las que los Registradores Mercantiles se negaron a participar en esta iniciativa inmobiliaria? ¿A través de qué sociedad se realizó esta operación inmobiliaria? ¿Cómo se pueden justificar las “pérdidas” provocadas por esta decisión?”.

La respuesta lacónica y breve de la portavoz: “Estoy a la espera de despechar (no despechar como sería lo propio), el tema” -literal- fue la única manifestación del Cormpe hasta el momento.

No es oro todo lo que reluce

El edificio, sito en la madrileña calle de Alcalá, es el centro de la discordia. Un auténtico litigio legal y legítimo se ha abierto en torno a su construcción y uso. Por el revuelo suscitado pudiera parecer el inmueble un Palacio de Cristal de la Justicia Española, pero la realidad es otra. Según la información facilitada por el Colegio de Registradores, el inmueble dispone de 50.208 m2 de superficie construida, un terreno de 9.999 m2 y una superficie edificada de 5.679 m2. Los tres bloques que lo conforman se componen de planta baja, primera, segunda, tercera y cuarta. Los edificios 1 y 3 cuentan además con planta semisótano y el conjunto general posee dos sótanos de más de 16.000 m2.

Hasta ahí todo en orden, pero un pequeño contratiempo aparece en la información registral. El inmueble no se encuentra libre de cargas y gravámenes. De hecho, hasta tres afecciones (por 5 años) al pago de Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos pesan sobre el edificio y afectan a la posible revisión del impuesto en diferentes ejercicios (2008, 2009, 2010). Por si esto fuera poco, el bien posee una hipoteca a favor de las entidades Caja de Ahorros y Monte Piedad de Madrid, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Banco Santander S.A. en garantía de un préstamo por más de 86 millones de euros (86.230.190 euros).

Otra piedra en el camino

De oca a oca y tiro porque me toca. Ese parece el adagio lúdico que repetía Alberto Ruiz-Gallardón desde su butaca de ministro de Justicia. El conflicto con los Registradores Civiles, Mercantiles y de la Propiedad; el continuo tira y afloja con el ciudadano por la privatización de servicios eminentemente gratuitos; la reforma judicial y la sublevación de ciudades (no capitales de provincia), que no querían verse enajenadas de sus tribunales; la reforma del código penal o la reforma de la Ley del Aborto -esa que finalmente ganó el pulso al político de Madrid-, fueron algunos de los innumerables talones de Aquiles de Gallardón. 

Este caso -el del edificio 540 de calle Alcalá-, es –según fuentes consultadas por Extraconfidencial.com-, una grave negligencia en la carrera del ex ministro pero, desgraciadamente, otro lunar más en su currículum que no moverá molino. ¿Por qué? Porque los tecnócratas del neoliberalismo (a pesar de ser versos sueltos), siempre tendrán donde caerse muertos, sin tener en cuenta los gazapos cometidos en su servicio al Estado. Por eso Gallardón no se ha ido a su casa, sino que cinco días después de abandonar el ministerio de Justicia se incorporaba al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, un órgano consultivo que le proporcionará 8.500 euros brutos al mes, pagados céntimo a céntimo del presupuesto de los madrileños.