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Según el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo al ejercicio de 2010

Al menos dos directivos de la Fundación Progreso y Salud de Andalucía ganan más de 87.000 euros y 50.000 euros que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía

Julio 17, 2014

El salario medio del Gerente Científico de Investigación (ponderando los totales mínimos y máximos de enero a mayo de 2010 y de junio a diciembre de 2010), es de unos 113.995,25 euros
El total bruto anual de la retribución del director del Centro Cabimer (151.508,91 euros), supera en casi 40.000 euros al salario establecido por Ley
La fiscalización del Organismo asegura que “el único cargo de la Fundación con funciones de alta dirección y con contrato de esta naturaleza es la del Director-Gerente”
Las cuentas del organismo han sido trampeadas al ocultar inmovilizado intangible y no pagar un impuesto de más de 30.000 euros


La Junta de Andalucía de Susana Díaz está patas arriba. Los delirios de corrupción asolan a su Comunidad: léase EREs fraudulentos, dimisión del Banco Europeo de Inversiones de Magdalena Álvarez como vice presidenta o el caso de los cursos de formación de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A). La Sanidad, con la consejera María José Sánchez Rubio al frente, es uno de los campos que acumula todas las miradas. De hecho, recientemente, el Partido Andalucista ha alertado de la “complicada situación” en la que quedarán los hospitales andaluces en verano “con un recorte medio del 24% de las camas disponibles, según el CSIF”, lo que entiende la oposición como un “recorte camuflado”. Por si esto fuera poco, la Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de publicar las penurias de la Fundación Progreso y Salud relativas al ejercicio de 2010, año en que gobernaba el ejecutivo andaluz José Antonio Griñán.

Esta Fundación, auspiciada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el patrocinio de las empresas públicas adscritas a la misma, “es la entidad central de apoyo y gestión de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Se encarga, por tanto, de impulsar de forma efectiva la investigación e innovación en Salud en nuestra comunidad autónoma”. Sin embargo, su objeto social queda en entredicho por las anomalías que presenta. El campo donde se encuentran un mayor número de irregularidades es en el encargado del personal. Tanto en la clasificación laboral de los empleados como en sus retribuciones; es decir, la Fundación Progreso y Salud no cumple la legalidad en los contratos de sus trabajadores. 

Altos directivos por “política” de la Fundación

El primero de los casos -clasificación laboral-, incumbe directamente al personal de alta dirección. Dentro de éste, en la Fundación se distingue entre “personal que ejerce las funciones de Alta Dirección” y “personal con contrato laboral de Alta Dirección”. No en tanto, esta doble taxonomía no se ve reflejada en la práctica ya que “el único cargo de la Fundación con funciones de alta dirección y con contrato de esta naturaleza es la del Director-Gerente”. El asunto empeora porque, según la Fundación, “el resto de personas que tienen firmados contratos de alta dirección se hace por política de la Entidad, dado que son cargos de confianza”. Para burlar la Ley lo que se ha hecho es utilizar “un régimen análogo al previsto para el personal directivo de las entidades de derecho público”. Con todo, no sólo se camufla la ocupación de buena parte del personal de alta dirección (tan solo se confirma en un caso), sino que se aprovecha este desliz para nombrar como tal a más personas escogidas a dedo por la empresa y disfrutar de unos beneficios privilegiados que por contrato no le corresponderían.

En el caso de las retribuciones infladas, los directores de dos de los departamentos de la Fundación -el Centro CABIMER y el Departamento de Células Troncales-, perciben unas retribuciones brutas anuales superiores a las establecidas en la tabla retributiva del personal científico de 2010. El salario medio del Gerente Científico de Investigación (ponderando los totales mínimos y máximos de enero a mayo de 2010 y de junio a diciembre de 2010), es de unos 113.995,25 euros. El total bruto anual del director del Centro Cabimer (151.508,91 euros) supera en casi 40.000 euros a este salario medio y el del director del Departamento Células Troncales lo hace en más de 56.000 euros. Auténticas fortunas que se disparan de los máximos marcados por ley. Más llamativo es aún si lo comparamos con el salario de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene un salario asignado de 63.808,20 euros; es decir, el Gerente Científico percibe 50.000 euros más y el director del Centro Gabimer, 80.000 euros más que la máxima dirigente andaluza.

El caos del activo no corriente

El activo no corriente de la Fundación (activos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo en el año, y permanecen en la empresa durante más de un ejercicio), genera bastante confusión. El principal problema lo encarna un bien cedido en usufructo por la farmacéutica estadounidense Pfizer S.A.

El conflicto surge porque la Fundación no registró el bien ni tampoco informó de ello en la Memoria de cuentas anuales, trastocándose, para mejor, los resultados de la Fundación. Por ello, siempre según la Cámara de Cuentas, ésta “deberá reconocer un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido”, así como “registrar un ingreso directamente imputado al patrimonio neto que se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias” y por lo tanto se reorganizará la situación económica de la Fundación ajustada a la realidad.

En otra de sus desafortunadas gestiones, la Fundación Progreso y Salud de Andalucía se ha granjeado la nada desdeñable cantidad de 32.251,71 euros al haber vuelto a sortear la legalidad vigente. Así, la Fundación “ha retenido por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), sin tener los certificados de residencia en otro Estado expedido por la autoridad fiscal competente de dicho Estado”.

El inventario fantasma
 
Por último, y quizás como irregularidad más liviana pero no por ello menos importante, destaca la incorrección del registro del inventario, no en cuanto a la presencia de los bienes de su propiedad (que sí se refleja), sino en cuanto a su ubicación. Además, los bienes no se encuentran etiquetados para su identificación. Por ello la Cámara de Cuentas de Andalucía “recomienda la identificación de los bienes del inmovilizado de forma que se puedan realizar conciliaciones periódicas entre el inmovilizado, el registro del inventario y la contabilidad”.
 
Todo ello refleja una situación controvertida y engañosa, ya que los números que muestra la Fundación Progreso y Salud en sus balances anuales no son fidedignos al no haberse tenido en cuenta muchos detalles que incurrirían en un mayor gasto. Los errores –parece que deliberados-, a la hora de clasificar a su personal de alta dirección, los nombramientos a dedo, el ocultamiento del inmovilizado intangible o el impago de ciertos impuestos son las principales conclusiones que se extraen del análisis de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que la Fundación deberá corregir para no verse envuelta en litigios con la Justicia.