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Exigen la dimisión del presidente de la CEOE por su implicación en el caso Aerolíneas Argentinas

Air Comet, empresa de Gerardo Díaz Ferrán, desvió fondos públicos por 329 millones de dólares

Julio 30, 2009

La  cuota fiscal no ingresada por impuestos de sociedades, según la AEAT, se elevó a los 108 millones de euros

Un nuevo Informe de la Agencia Tributaria duda de la veracidad de los libros contables y las cuentas anuales



Dicen los que le conocen bien que Gerardo Díaz Ferrán tiene más ojeras de las habituales. Y no precisamente por las tensas negociaciones que el presidente de la CEOE mantiene con Comisiones Obreras, UGT y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es otro asunto el que realmente le quita el sueño: el conocido como caso Aerolíneas Argentinas y del que ha informado profusamente este periódico. Y es este escándalo, que instruye el Juzgado número 35 de Madrid y silenciado por la mayoría de los medios españoles, el que preocupa en la cúpula directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Sí, porque según ha podido saber extraconfidencial.com de fuentes de absoluta solvencia, un nuevo informe pericial de los Peritos de Hacienda ha llegado al mencionado Juzgado.  

 

 

Informe tras informe, pese a la lentitud judicial

 

Les explicamos: Air Comet, sociedad cuyos máximos accionistas son Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, usaron en su beneficio propio 300 millones de dólares entregados por la SEPI y cuyo destino no era comprar créditos de Aerolíneas Argentinas sino pagar pasivos, y consecuencia de ello, dejaron de ingresar en las arcas públicas cerca de 108 millones de euros (99,05 millones de euros AIR COMET y 7,5 millones de euros Romana Playa). 

Así lo dictaminó el Informe Pericial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 26/10/07 y que consta aportado al Juzgado Instrucción 35 de Madrid, cuya titular era la magistrada Gemma Gallego, hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, y que instruía la causa conocida como Aerolíneas Argentinas. Llamativo resulta comprobar que la empresa solicito y obtuvo la devolución de la AEAT de 20.000 euros (impuesto de sociedades cerrado al 28/02/02) cuando debió pagar casi 100.000.000 euros.  

Ante estas rotundas afirmaciones, Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual remitieron a la autoridad judicial una Auditoría privada de más de 600 folios realizada por los auditores Garrido Riosalido y Gómez Parra que intentarían rebatir los argumentos de los peritos de Hacienda.

Pues bien. Una nueva prueba pericial acordada por el juzgado de instrucción y cuyo objetivo era precisamente analizar ese informe de auditoría ya ha llegado al juzgado y cuyo resultado es demoledor para los intereses de Díaz Ferrán y Pascual, y del que los auditores tampoco salen bien parados.

Encontrados otros 29 millones de fondos públicos usados indebidamente a añadir a los 300 que hasta la fecha constaban.

En este nuevo informe (12/06/09) el perito judicial además de destruir los argumentos contables de la defensa de los propietarios de Viajes Marsans Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, llegando incluso a dudar de la veracidad de los registros contables aportados al informe de auditoria presentado, acredita un nuevo desvío de fondos públicos por importe de 29 millones de dólares y que se deben añadir a los 300 millones que ya constaban acreditados al primer informe y con evidentemente iguales consecuencias fiscales.

 Llama la atención que ese movimiento de 29 millones de fondos públicos se hizo desde una cuenta bancaria del Deustche Bank de Málaga (y titularidad de la sociedad argentan Interisvent, también propiedad de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual) y en la que constaba la firma del otrora socio de estos Antonio Mata Ramayo.

 
A preguntas de este diario al letrado de la acusación particular, Rafael Caro, sobre este nuevo uso de fondos públicos, manifestó ya veremos que sorpresas nos deparan los movimientos de esa cuenta de Málaga que evidentemente será una de las nuevas diligencias de prueba que se pedirán de manera inmediata al juzgado instructor. Si hasta ahora la instrucción ha permitido acreditar el uso indebido de 300 millones de dólares de fondos públicos dados por la SEPI para pagar pasivos de Aerolíneas, este nuevo crédito abre la puertas para comprobar el destino de aproximadamente otros 500 millones de dólares entregados por la SEPI para reflotar ARSA y de los que al menos 29 millones ya se sabe no fueron destinados a ese uso.

 
Conocido el contenido completo del documento sin duda han comenzado las especulaciones. De momento algunos directivos de la CEOE han mostrado, eso sí en privado, su preocupación por la influencia que estos hechos han podido tener en la ya rota negociación del acuerdo social entre empresarios y Gobierno socialista.

Seguiremos porque el círculo ya está casi cerrado.