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Afectará a todos los profesionales que se jubilen a partir del 1 de julio

Ahora, Valeriano Gómez hace incompatible la pensión con la actividad privada

Junio 2, 2011
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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha dado ya la orden que hace incompatible la pensión de jubilación de la Seguridad Social con una actividad privada. La normativa, que entra en vigor el 1 de julio, según publicó recientemente el Boletín Oficial del Estado, afectará a aquellos profesionales que se jubilen a partir de dicha fecha. Los pensionistas que ya estén cobrando el subsidio y trabajando por cuenta propia no se verán afectados.

La medida adoptada por la Administración va enfocada a recortar gastos, y perjudica tanto a los que hayan cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social como a los que lo hayan hecho en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A partir del 1 de julio, los autónomos no podrán seguir trabajando si, a su vez, perciben la prestación de jubilación. Los profesionales que deseen trabajar cuando tengan la pensión podrán hacerlo, pero tendrán que aplazar los derechos de cobro mientras trabajen.

Sanciones económicas

La orden ministerial acaba con un precepto de más de 40 años que permitía a todos los colegiados jubilados seguir trabajando y recibiendo la pensión íntegra. Quedan al margen los que hayan optado por una mutualidad como único sistema de previsión. Estos profesionales podrán seguir ejerciendo libremente mientras perciben la pensión de su mutualidad, ya que se trata de un régimen privado. Todo apunta a que el ministerio de Trabajo sancionará económicamente a los profesionales que sean sorprendidos trabajando y cobrando la pensión de jubilación.

Las protestas no se han hecho esperar: la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), sin ir más lejos, ha emitido un comunicado en el que manifiesta que “no comparte en absoluto” la orden del ministro Gómez, y entiende que el ejercicio libre de la profesión más allá de la jubilación es “un aporte extra a la financiación pública, pues supone mayor cotización y aporta más dinero a las arcas públicas vía IRPF”. Esta agrupación ya ha encargado a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) también ha mostrado su desaprobación, y la Organización Médica Colegial califica la medida de “expropiación”.

Daniel Leguina