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Ada Colau, icono del movimiento anti desahucios en España, se gasta 7 millones de euros para el desalojo de los enseres personales que ocupan las casas embargadas

Enero 24, 2017

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado “el servicio de recogida, transporte, almacenamiento y custodia provisional de bienes y enseres procedentes de desahucios judiciales o de situaciones de emergencia que a criterio de los servicios sociales requieran estos servicios, y posterior tratamiento de residuos y el fomento de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha marcado distancias con su fundadora por considerar que no ha hecho “todo lo necesario” para acabar con los desahucios.

colau

No se puede entender la trayectoria política de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sin hacer un barrido por su pasado y atender a su papel protagonista como miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), hasta el punto de ser una de sus fundadoras en Barcelona en 2009. La PAH aglutina a varios movimientos relacionados con la problemática social de la vivienda, centrándose en la deuda hipotecaria y los desahucios, y reivindicando la dación en pago. Un modelo que se expandió poco a poco por toda España, de manera asamblearia y de esta plataforma surgió la iniciativa Stop Desahucios en noviembre de 2010. Ada Colau es la principal representante y portavoz de la PAH, un puesto al que ha llegado tras llevar una vida estrechamente vinculada al movimiento okupa, participando en movilizaciones, trabajando como responsable en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC) de Barcelona o participar en 2006 en el movimiento V de Vivienda y en el Taller contra la Violencia Inmobiliaria. De hecho, ha llevado su lucha personal y profesional contra los desahucios a las editoriales llegando a publicar -como coautora-, el libro ‘Vidas Hipotecadas’, originalmente en catalán y editado en castellano en junio de 2012.

Con estas pretensiones Ada Colau asumió, el 13 de junio de 2015, la Alcaldía de Barcelona. Sus promesas electorales se centraron en una: detener los desahucios que se producían en la capital catalana. Pero, ¿lo ha conseguido la alcaldesa? En junio del pasado año se cumplía un año desde que Barcelona en Comú tomase las riendas de la ciudad. En este tiempo, poco ha cambiado la situación barcelonesa. Siguen ejecutándose los desahucios en la misma proporción que antes de la llegada de Colau. Particularmente, en la Ciudad Condal se producen de manera constante. En junio de 2016, el Ayuntamiento de la capital catalana admitía que, en un año de mandato, se habrían ejecutado 340 desahucios en hogares de la ciudad, pero la cifra podría ser mucho -muchísimo-, mayor.

Lavado de cara y de imagen por 7,1 millones de euros

Puede que Ada Colau haya tirado la toalla respecto a la cuestión de los desahucios, pero lo que queda claro es que no ha cumplido con las expectativas creadas alrededor de la población más vulnerable. Quizá por ello, la alcaldesa mire ahora hacia otro lado e intente arreglar el desaguisado con medidas complementarias como el contrato que viene de firmar recientemente. El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Gerencia de Derechos Sociales, acaba de adjudicar “el servicio de recogida, transporte, almacenamiento y custodia provisional de bienes y enseres procedentes de desahucios judiciales o de situaciones de emergencia que a criterio de los servicios sociales requieran estos servicios, y posterior tratamiento de residuos y el fomento de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión”. De este modo, el consistorio barcelonés tutelará los bienes y ajuares personales de las familias desahuciadas, mientras se busca una solución para la gente que se queda en la calle.

El 19 de diciembre se formalizaba el contrato con la empresa de mudanzas y transporte barcelonesa Aliance Brother S.L. por un importe total de unos 7.002.490,22 euros, un montante que no lograba rebajar ni un céntimo el presupuesto base de licitación y que tan solo lo hacía en menos de 200.000 euros con el valor estimado del contrato (7.191.009 euros).

Tan dramática es la situación en Barcelona que la propia PAH, instrumento creado por Ada Colau, ha roto toda relación con su fundadora hasta el punto de acusar en una carta a la alcaldesa de Barcelona de no hacer “todo lo necesario” para acabar con los desahucios. De hecho, la PAH recuerda el hito de la aprobación de la Ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional pero señala directamente a Colau como responsable de la actual situación advirtiendo que los municipios tienen un “papel central” en la aplicación de esta ley.

Doinel Castro