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LA CAJA DE PANDORA DE JUAN JOSÉ IMBRODA: LAS CUENTAS DE MELILLA (I)
La actualidad de la ciudad, agitada por el conflicto de las cuchillas en la frontera, se agudiza tras el Informe del Tribunal de Cuentas

A Juan José Imbroda le sacan los colores: algunos proveedores deben esperar casi 3 años y medio para cobrar

Enero 16, 2014

El presupuesto de 2010, analizado “por una persona que no reunía las condiciones de objetividad e independencia”, fue anulado por “deficiencias en la documentación”

Desde 2009 se vienen imputando operaciones pendientes a la previsión de gastos del año sucesivo mermando las cuentas anuales por falta de crédito. En 2011 había “obligaciones pendientes de reconocimiento por un importe de 5,4 millones”
Una deficiente presupuestación provocó un aumento del 382% en algunos créditos iniciales de Melilla para 2011


España se encuentra diezmada. Llena de heridas. Unas comienzan a cicatrizar, como la de la prima de riesgo o la del empleo. Otras, como la del conflicto independentista catalán se reabren. De entre todas ellas, la que más sangre vierte en este momento y la que más víctimas se cobra, es la de nuestro particular apartheid. La Comisión de Interior del Congreso rechazó la retirada de las cuchillas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, así como las alternativas presentadas por la oposición, aduciendo, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que “no existe una alternativa tan eficaz”. Contra las verjas se sigue descuartizando la vida de miles de inmigrantes, como por ejemplo la de la última oleada de subsaharianos que intentaron saltar la valla de Melilla en la madrugada de ayer miércoles. En total, han sido unas 450 personas las que han intentado pisar suelo español, divididos en dos tandas: una primera a las 3 de la mañana y otra a las 7, según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno. Alrededor de 60 personas indocumentadas habrían conseguido lograr su objetivo, una cifra que podría ir en aumento. Mientras tanto, nadie mueve un dedo por regular la situación sin la necesidad de los objetos cortantes.       

No obstante, ésta no es la única llaga dibujada en la geografía melillense. El Tribunal de Cuentas viene de publicar el Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla para los ejercicios 2010 y 2011, con unos resultados que dejan en evidencia la gestión en este último bienio del alcalde y presidente, Juan José Imbroda. Dentro de un elevado número de despropósitos, el ámbito presupuestario ha sido el que ha acarreado mayor problemática para la Ciudad. Las modificaciones al presupuesto inicial supusieron un aumento de los créditos de 63,1 millones de euros en 2010 (26% más de la previsión inicial) y de 52,3 millones de euros en 2011 (22% más). “En algunos capítulos, como el 6 y el 7, la variación neta de sus créditos iniciales ascendió al 123% y 282%, respectivamente, en el ejercicio 2010 y al 134% y 382% en 2011”. Este desajuste pone de manifiesto “una deficiente presupuestación inicial, no ajustada a las necesidades reales”. No sólo yerra la ciudad de Melilla en el modo de establecer sus presupuestos, sino también en el modo de proceder toda vez que es necesaria una ampliación para tapar los agujeros que han dejado al descubierto las partidas económicas. Así, “los expedientes no incluían explicación del hecho que motivaba las modificaciones ni de su repercusión”. Unido a estos presupuestos destaca la aprobación en 2010 de 4,61 millones de euros para gastos de varias aplicaciones “sin presentar una memoria justificativa de la necesidad y urgencia de los mismos”.

La pescadilla que se muerde la cola

De hecho, la Administración General de la Ciudad Autónoma de Melilla es la que presenta más agujeros según el dossier presentado por el Tribunal de Cuentas. Sin ir más lejos, “se detectaron deficiencias en la documentación que ha de unirse a los Presupuestos Generales, una vez formados éstos”. Estas deficiencias “afectan al informe económico-financiero y al anexo de inversiones”. Por este motivo, los Presupuestos Generales de 2010 fueron apelados y “se estimó el recurso contra la aprobación definitiva (…) resultando anulada dicha aprobación”. Para mayor inri, el informe destapa la imparcialidad aplicada en el análisis de las cuentas que provoca unos resultados tergiversados: “el informe de la Intervención sobre los Presupuestos se emitió por una persona que no reunía las condiciones de objetividad e independencia mínimamente exigibles, por lo que no podía ser considerado como un efectivo control de la nivelación presupuestaria”.

En cuanto a las obligaciones pendientes que la Ciudad Autónoma de Melilla arrastra desde 2009, se produce en la administración de las mismas un fenómeno ciclotímico que impide el saneamiento definitivo de unas cuentas que ya comienzan el ejercicio retranqueadas por los desfases de años anteriores. “En 2010 se imputaron al presupuesto de gastos 3,568 millones de euros que se recogían a 31 de diciembre de 2009 en la cuenta 413 ‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto’, por gastos devengados que no se habían aplicado al presupuesto de dicho ejercicio, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 176 del TRLRHL sobre temporalidad de los créditos”. “Como consecuencia de la imputación en 2010, con cargo a los créditos de dicho ejercicio, de gastos correspondientes a 2009, se hizo necesario por falta de crédito, volver a contabilizar en la mencionada cuenta 413 las obligaciones pendientes de aplicar a ese ejercicio, que dieron lugar a un saldo de la cuenta de 3,438 millones de euros. Dicha cantidad fue imputada al presupuesto de 2011, ejercicio en el que volvieron a quedar pendientes de reconocimiento obligaciones, por un importe de 5,443 millones de euros”. El esquema es el siguiente: las operaciones pendientes que no se pueden asumir en el ejercicio en marcha se cargan al presupuesto de gastos del año siguiente, provocando que en el ejercicio próximo aparezcan nuevas obligaciones inasumibles que se vuelven a cargar al ejercicio siguiente. Una situación que en Melilla se repite desde 2009 hasta la actualidad.

Más de 3 años para ser pagado

“Al cierre de 2011, la Ciudad tenía 61 facturas correspondientes a obligaciones no reconocidas con más de tres meses de antigüedad en su registro, por importe de 532.000 euros, con un período medio de espera para el reconocimiento de 1.223 días”, lo que se traduce en unos 3 años y medio para que los proveedores puedan canjear sus ingresos.

El examen del Tribunal de Cuentas también destapa errores en la contratación que podrían ser deliberados para favorecer a alguna empresa: “la gestión de los gastos presupuestarios correspondientes a contratos de obras y servicios incumple lo establecido en las Bases de Ejecución (…) al no expedirse los correspondientes documentos AD al adjudicarse los contratos”.

Según recoge la memoria del Tribunal de Cuentas “en el ejercicio 2010 se presentó por primera vez un inventario de bienes. La creación del mismo produjo una serie de asientos de regularización que permitieron dar de alta en contabilidad elementos del inmovilizado que no aparecían en la misma, así como reclasificar a otros erróneamente contabilizados”. Esta regulación repentina provocó que el resultado económico patrimonial se viera incrementado, sin que se produjera un beneficio real, en, cerca de 160 millones de euros.

Tesorería falseada, rendición de cuentas y control interno

El remanente de tesorería para la financiación de gastos también ocupa parte de protagonismo negativo en el análisis del Tribunal de Cuentas. Éste no se ha calculado según el Modelo Normal de Contabilidad Local, lo que ha provocado una nueva irregularidad. “El remanente de los últimos años se ha incrementado a un ritmo anual medio del 26%, hecho que podría tener su origen en la acumulación de créditos de dudoso cobro que, de no ser descontados, supondría la sobrevaloración del remanente como instrumento de financiación”. La sombra del engaño y de las cuentas adulteradas asoma aquí ya que esta situación “incrementa el riesgo de financiar modificaciones presupuestarias con recursos realmente no disponibles”. 

La rendición de cuentas también se ha infectado, debido a la desidia con la que presenta sus números anuales. Así, “la Cuenta General de 2010 se ha rendido al Tribunal de Cuentas el 18 de octubre de 2012, superando ampliamente el plazo establecido” en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), “mientras la correspondiente a 2011 se ha rendido el 4 de febrero de 2013, igualmente fuera del plazo previsto en la normativa aplicable”. En ambos casos hablamos de una demora totalmente injustificada y muy dilatada en el tiempo respecto a los plazos previstos. Además, la presentación de estas Cuentas no fue acompañada de las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos, ni la memoria demostrativa del grado en que se hubieran cumplido los objetivos programados, ambas exigidas por Ley.

En el control interno, la Ciudad Autónoma de Melilla también presenta importantes deficiencias. Por un lado, “no constan actuaciones dirigidas a efectuar el control de eficacia la que hacen referencia las Bases de Ejecución”. Por otro, la ciudad de Melilla incurre en un gasto superfluo y absurdo ya que las tres sociedades mercantiles de capital íntegramente local fueron objeto de un informe de control financiero emitido por la Intervención General de Melilla y, además, se realizó un informe de contenido idéntico por un auditor privado. De este modo se produce una duplicidad de actuaciones dirigidas al mismo fin, “ajena a los principios de eficacia, eficiencia y economía”.