La Ley de Costas sigue generando polémicas a pesar de que han transcurrido 22 años desde su aprobación. El Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 de manera que se puedan mantener las concesiones otorgadas antes de ese año que sean compatibles con la protección del litoral y se estipulen indemnizaciones para el resto.

La iniciativa, redactada por la senadora del PP por Cantabria Leticia Díaz, dice pretender evitar los "efectos perversos" de la norma, pero conservando el "espíritu" de protección de la costa. La proposición de ley del PP, a la que se podrán presentar enmiendas hasta el próximo 17 de septiembre, plantea modificar la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria sexta de la Ley del 88, valorando qué usos son compatibles con la conservación ambiental. Mientras tanto, quieren que se mantengan las concesiones previas a la aprobación de la ley.

Una vez esté hecho el análisis, el PP sugiere que se puedan mantener aquellas concesiones que sean compatibles con la protección. Y para las que sean "manifiestamente incompatibles", demanda una valoración e indemnización.

Más de dos décadas de un fracaso

En 1988 se dio, con la entrada en vigor el 28 de julio de la Ley 22/1998, de Costas, un paso vital para la conservación de los recursos naturales del litoral. Esta Ley pretendía ser un freno importante en el proceso de degradación en que se encontraba la costa.

La Ley declara público todo el terreno de playa y hasta donde llega la influencia del mar, en los mayores temporales conocidos. En teoría, daba un plazo de cinco años para completar el deslinde, es decir, la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en la costa española. Pero los diversos ejecutivos han hecho caso omiso de la norma, y han aplicado este deslinde muy lentamente.

En la anterior legislatura del Ministerio de Medio Ambiente fue cuando se aceleró el proceso de deslinde, para delimitar el uso público de un terreno que es de todos.

Pero en todo este tiempo sólo ha sufrido recortes. Dentro de las rebajas a las que se ha sometido la Ley de Costas en el último año se incluye la reforma emprendida de la Ley a través de la Ley General de Navegación Marítima del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Medio Ambiente introdujo una enmienda en la Ley de Navegación para permitir vender y comprar casas construidas en dominio público y que, hasta ahora, por ser casas afectadas por esta normativa, con concesiones de propiedad de hasta 60 años, no podían cambiar de dueño. Esta reforma no fue consultada a los grupos de interés en materia medio ambiental, como son las ONG.

Comunidades Autónomas que campan por sus anchas

Son también varios los ejemplos en las comunidades autónomas de los “mordiscos” a la Ley de Costas. La Xunta de Galicia ha tramitado una norma, que actualmente está recurrida en el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, que pretende legalizar miles de viviendas en primera línea de playa. Curiosamente entre las que están en primera línea de playa, está el edificio en el que tiene vivienda José Blanco y otros cargos socialistas en la Isla de Arousa, Pontevedra.

La norma fue una de las últimas iniciativas del ex presidente socialista Emilio Pérez Touriño.

El Parlamento de Canarias también ha sacado adelante una norma para salvar las viviendas en la costa, otorgándoles el calificativo de “valor etnográfico”, cuya interpretación puede ser muy amplia. Esta norma, al contrario que la ley gallega, no ha sido recurrida por el Gobierno, quizá otra concesión a Coalición Canaria que sin sus votos no hubiera sacado muchas leyes adelante.